Los leonesistas se reiteran en su petición histórica para la liberación de esta autopista y la León-Campomanes
«En la autopista de peaje León-Astorga hemos visto cómo en las últimas semanas se están ejecutando obras en los peajes de la misma para la instalación del cobro automático, de tal manera que en breve plazo desaparecerán la totalidad de los empleados que prestaban servicio en las cabinas para el cobro manual a los usuarios de la autopista» denuncia la UPL en un comunicado hecho público en el día de ayer.
Desde UPL afirman «hemos mantenido reiterada e históricamente la liberación de la autopista León-Astorga que, por su alto coste, cercena el uso de la misma a los miles de usuarios que día a día circulan dirección Bierzo y que, precisamente por este alto coste, siguen utilizando la carretera N-120, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los vehículos y también para la seguridad de las muchas localidades por las que discurre».
Desde UPL exigen a la concesionaria de la autopista AULESA «que explique el futuro de los trabajadores que prestaban, y todavía prestan servicio, en las cabinas de los peajes, y si esta falta de medios humanos en los peajes supondrá y redundará en una rebaja en el precio del peaje, dado que en caso contrario nos encontraremos no solo con el mantenimiento de esta autopista que carece actualmente de sentido, sino también con la pérdida de los pocos puestos de trabajo creados».
Finaliza el comunicado exigiendo «asimismo que tanto la Junta de c. y León, en gestión que debería de realizar frente al Gobierno de la nación, como el propio Gobierno, contemplen la liberación de esta autopista, así como la autopista León-Campomanes en beneficio del uso diario de todos los leoneses y de la seguridad viaria como así ha acontecido en otras muchas autopistas que han visto cómo se liberaba por un interés estrictamente político como ha acontecido con las autopistas AP-7 en sus tramos entre Tarragona y la Jonquera y entre Montmeló y el Papiol, la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, la C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló) que dejarán de ser de pago el 1 de septiembre de este año».