Se remarcaba que la única empresa informática que actualmente presta servicios de mantenimiento e instalación de dispositivos en toda C. y León y que gestiona sus actividades desde Valladolid.
Fotografía: Archivo Enredando
En la Comisión de Educación de este viernes 9 de junio, PP y VOX bloquearon la propuesta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para dotar de autonomía a los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y FP para contratar empresas locales que puedan prestar el servicio de mantenimiento informático, así como a dotar a dichos centros de dotación presupuestaria suficiente para ello.
La procuradora leonesista, Alicia Gallego, detalló “un problema de gestión” que nos hacen llegar el personal docente y la crítica de la Junta de Personal Docente No Universitario de Salamanca. En esta línea, se remarcaba que la única empresa informática que actualmente presta servicios de mantenimiento e instalación de dispositivos en toda C. y León y que gestiona sus actividades desde Valladolid.
La demanda radica en que este modelo de gestión provoca “muchos problemas” ya que se resuelven con una preocupante tardanza y que perjudica seriamente el desempeño de la labor docente y el acceso del alumnado a una educación plena. Así, los docentes se encuentran con caídas de wifi, falta de cobertura, fallos en el funcionamiento de programas y dispositivos y que provoca que nadie que no pertenezca a ese servicio pueda instalarlos.
En este sentido, desde UPL “queremos que la Junta deje la autonomía necesaria a los centros para contratar empresas locales que puedan prestar este servicio de mantenimiento informático y que los centros educativos cuenten con la dotación presupuestaria necesaria. Tenemos que recordar la importancia que tiene contar un sistema informático de calidad en los centros educativos y se debe hacer cumplir la Ley 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE) en lo relativo a la autonomía de gestión de los centros educativos”, sentenció.
Si bien, los partidos que sustentan el gobierno de la Junta PP y VOX- declinaron aceptar la propuesta leonesista. Desde VOX remarcaron la necesidad de unificar criterios ya que “el dinero no es ilimitado”, aunque desde el gobierno autonómico no cumpla con la Ley vigente. Línea que mantuvieron desde el PP, que incidió “en la dificultad y riesgo de poner en marcha este proyecto” y esgrimió que “no se está poniendo el foco en el problema” excusando que la adjudicataria cuenta con técnicos en otras provincias de la Comunidad.
Gallego, en su turno de réplica, remarcó que a nuestra pregunta escrita la Junta solo decía que “había habido un contrato y que no cabía en base a un criterio de territorialidad”. Pero es que en los centros educativos existentes unas partidas presupuestarias que gestionan sus responsables para el mantenimiento y su funcionamiento y con esto “no entramos en programas, claves o añadidos, sino en esa actividad diaria que necesita de estos acuerdos”.
“La Ley lo permite, se habla de sacar un contrato para dar solución. No subestime el medio rural, con empresas muy buenas con capacidad de asumir la resolución de estas incidencias”, señaló. La procuradora leonesista concluyó expresado que “hay un problema de gestión que se podría solucionar de esta forma y que, por supuesto, permite la legalidad vigente”.
