El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) creció un 12,02% en el conjunto de España en 2020, hasta alcanzar los 56.329 inscritos el 31 de diciembre (6.042 más que un año antes). Con 13.811 personas excluidas del juego, Andalucía supone el 24,52% del conjunto estatal. Le siguen la Comunidad de Madrid (17,03%) y Aragón (9,32%).
Fotografía: Martínezld
Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en el registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a la actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
La comunidad autónoma que más ha crecido a lo largo de 2020 es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9% el número de personas autoexcluidas respecto a 2019. Le siguen Castilla-La Mancha (23,56) y Murcia (23%).
Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo en 2020 son Aragón (6,64%) y Castilla y León (9,76%).
Por provincias, Cuenca es la que experimenta un mayor crecimiento, al pasar de 103 registros en 2019 a 145 en 2020 (40,78%). Le siguen Tarragona (39,63%), Teruel (34,06%), Segovia (28,45%), Ciudad Real (24,76) y Lugo (24,19%).
Las provincias que muestra un menor crecimiento relativo son Sevilla (4,41%), Zaragoza (5,55%), Huelva (5,61%), León (5,63%) y Granada (6,10%).
Interconexión de los registros autonómicos y nacional
El RGIAJ, a día de hoy, sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión – a excepción de Castilla-La Mancha- con los registros de las CCAA sobre el juego presencial. En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.
El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.
Gobierno central, CCAA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El pasado mes de septiembre, los gobiernos central y autonómicos alcanzaron un acuerdo para interconectar los registros, con el voto en contra de Cataluña y la abstención de País Vasco y Comunidad Valenciana.
A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de autoprohibidos.
