Paulino Pardo ha dado a conocer una declaración con motivo de la celebración del 28 de junio, en la que reclama el respeto a los derechos del colectivo LGTBQ+. El Defensor de la ULE afirma que quien no está con la dignidad no es constitucionalista.
La Oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de León (ULE) se ha unido a los actos que se celebraron ayer 28 de junio en todo el mundo, fecha en la que se conmemora la lucha por los derechos civiles y humanos de las personas que integran el colectivo LGTBQ+ (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, Queer y Agénero), con el acto simbólico de colocar en la ventana de sus dependencias la bandera arco iris que identifica a dicho colectivo.
El defensor de la ULE, el profesor Paulino César Pardo Prieto, ha recordado que el día conmemora los disturbios de Stonewal, en los que se luchó contra un sistema que perseguía a personas LGTB+ con el beneplácito del gobierno, y que son generalmente reconocidos en la actualidad como el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGTBQ+ en Estados Unidos y en todo el mundo.
En la nota emitida desde la Defensoría de la ULE, señala que “a principios de septiembre de 1977, los ponentes de la Constitución española habían dado forma prácticamente definitiva a un artículo sobre el que se asentaría toda la estructura del sistema democrático; era el artículo 16 y en sus tres apartados decía:
1) Se reconoce la dignidad intangible de la persona humana.
2) Los derechos inviolables de la persona son fundamento del orden político y de la paz social.
3) El reconocimiento, respeto y protección de estos derechos informará la legislación positiva, la practica judicial y toda la acción de los poderes públicos
‘Constitucionalistas y no constitucionalistas’
Todas las constituciones europeas posteriores a la II Guerra Mundial,-o a las dictaduras fascistas que pervivieron hasta el último tercio del siglo XX, contienen una disposición que se expresa en términos similares a esos; esto es, a los que finalmente adoptó el artículo 13 del borrador de la Constitución y, a la postre, el artículo 10.1 de la Constitución vigente:
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”
El texto apunta después que en España, como en Europa, la diferencia entre quien ‘es constitucionalista’ y quien ‘no es constitucionalista’ radica en su adhesión y compromiso para con lo afirmado en esas pocas frases, y a continuación, cita también la declaración institucional de 2022 de la Federación Española de Municipios y Provincias:
“Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Desde las instituciones debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas LGTBI y sus familias, como elemento esencial de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo social”
En opinión de Paulino Pardo, es lógico que el Parlamento Europeo se pronunciara de manera rotunda el 11 de marzo de 2021 para declarar la UE “zona de libertad para las personas LGBTIQ”, por cuanto:
“Las personas LGBTIQ en toda la Unión Europea deben disfrutar de la libertad de vivir y mostrar públicamente su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales sin temor a la intolerancia, la discriminación o la persecución por esos motivos (…) y las autoridades de todos los niveles de gobernanza en toda la Unión Europea deben proteger y promover la igualdad y los derechos fundamentales de todas las personas, incluidas las personas LGBTIQ, y garantizar plenamente sus derechos”.
Es apropiado sin duda, -continúa-, que la Presidenta de la Comisión Europea, la demócrata cristiana Von del Leyen, haya conseguido dotar a la Unión de la Estrategia para la igualdad LGBTIQ 2020-2025, extenso y detallado documento determinado por una idea central:
“En la Unión Europea, cada persona ha de tener seguridad y libertad para ser ella misma. Nuestra fuerza social, política y económica, procede de nuestra unidad en torno a la diversidad. Igualdad y no discriminación son valores esenciales y derechos fundamentales de la Unión, consagrados en los Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales. La Comisión, el Parlamento y el Consejo, así como los Estados miembros, comparten la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y asegurar la igualdad de todas las personas”
Y concluye su alegato afirmando de forma tajante que en España, “quien no está con la dignidad y el libre desarrollo personal, no es constitucionalista, y en Europa, quien no está con el respeto de los derechos fundamentales inherentes a cada una de las personas, no es demócrata”.
