Castilla y León | 16 de agosto de 2019. Según declaraciones del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cualquier cobro de un peaje blando, por pequeño que sea, produce efectos perjudiciales. En primer lugar para la marcha de la actividad económica, porque esta tasa o peaje supone un incremento de carga impositiva y de gasto para las empresas y transportistas, y, por tanto, «va en la vía contraria a lo que desde este Gobierno de la Junta entendemos que hay que hacer: bajar la carga fiscal, no incrementarla» ha afirmado el consejero.

En segundo lugar, Suárez-Quiñones insiste en que esta idea de pagar por transitar por autovías penaliza a los que menos tienen, lo que supondrá carga económica para la gente, sobre todo con menos recursos. El consejero, además, considera que «en la realidad rural de Castilla y León todo lo que afecte, dificulte y perjudique a la movilidad de nuestros pueblos hacia los principales núcleos de población va en contra de la lucha contra la despoblación».

Por tanto, desde la Junta de Castilla y León se manifiesta una posición contraria a esta iniciativa. A este respecto en la conservación y mantenimiento de carreteras hay que planificar desde la eficiencia del gasto público, y que se apliquen recursos suficientes para seguir ejecutando los proyectos en los que venía trabajando el anterior Gobierno de España.

FACUA se muestra contraria al cobro de peajes en autovías gratuitas que plantea el Ministerio de Fomento

La asociación critica que si todos los conductores deben pagar la misma cantidad para transitar por una carretera, la medida terminará perjudicando a los tienen menos poder adquisitivo.

FACUA-Consumidores en Acción se muestra contraria al cobro de peajes en autovías gratuitas que ha planteado el Ministerio de Fomento, cuyo supuesto fin sería costear el mantenimiento de las infraestructuras y el impacto medioambiental.

La asociación considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para que las vías estén en buen estado salga de los impuestos directos de los ciudadanos.

Así, FACUA critica que esta medida, al plantear que todos los conductores deban pagar la misma cantidad para transitar por una carretera, finalmente terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública.

La asociación también advierte de que esa clase de peajes incentivaría la utilización de carreteras nacionales, donde la siniestralidad es más alta y que, en muchos casos, no están mantenidas correctamente por el Estado. De esta forma, existirían dos tipos de conductores: uno con un nivel adquisitivo más alto, que podría transitar por las autovías, y otro que, debido a no poder hacer frente al pago, se enfrentaría a carreteras con un mayor riesgo de accidente y en peores condiciones.

De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por Fomento consistiría en un auténtico «copago» o «repago«, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestucturas que ya pagaron a través de los impuestos.

Por último, FACUA insta al Gobierno a, si uno de los motivos de este peaje es costear el impacto medioambiental, incentivar la adquisición de vehículos menos contaminantes, además de investigar y garantizar la eficacia de estos vehículos para evitar nuevos casos como el fraude de emisiones de Volkswagen, y garantizar un transporte público con infraestructuras suficientes y a un precio asequible.

Según ha informado el diario El País, el Ministerio que dirige José Luis Ábalos ha planteado esta solución como forma de costear el mantenimiento de las infraestructuras y el impacto medioambiental, así como para reducir el peaje de las autopistas que aún están manos privadas. Fomento ha asegurado que se trataría de un pago «simbólico«, diez veces inferior al que ahora tienen las autopistas de pago.

El Ministerio también ha afirmado que con esta medida el usuario, de forma global, no va a pagar más que ahora por la utilización de vías de gran capacidad (autovías y autopistas) ya que aquellas cuya concesión finalice se van a liberar del peaje que soportan actualmente. «El pago sería más uniforme en todo el territorio«, han señalado fuentes ministeriales a El País.