Los presidentes de ambas organizaciones le hacen llegar a la ministra su «gran preocupación ante la falta de control y de sanciones contra prácticas irregulares que se vienen dando en el sector de la navegación aérea».
FACUA-Consumidores en Acción y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han trasladado un decálogo de reivindicaciones a la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Por medio de una carta (puedes leerla aquí), los presidentes de FACUA, Paco Sánchez Legrán, y del Sepla, Javier Martínez de Velasco, han detallado las principales reivindicaciones de usuarios de aerolíneas y pilotos para mejorar la seguridad aerea y el control y sancion de las irregularidades que comenten las compañías.
En el escrito, los dirigentes de ambas organizaciones le hacen llegar a la ministra su «gran preocupación ante la falta de control y de sanciones contra prácticas irregulares que se vienen dando en el sector de la navegación aérea».
«Los firmantes de esta carta consideramos que la autoridad aeronáutica adolece de un número insuficiente de técnicos cualificados, hasta el extremo de que en los aeropuertos españoles ni siquiera existen inspectores», exponen.
A esta situación se le suman, denuncian, la «falta de coordinación de los organismos responsables con las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas», así como «la permisividad con la que se vienen afrontando las irregularidades constatadas».
«Todo ello da pie a que las aerolíneas incurran sin dudar en estas irregularidades que no sólo perjudican la economía de los consumidores, sino que además pueden llegar a poner en riesgo su propia seguridad», recalcan.
Decálogo de reivindicaciones
Desde FACUA y SEPLA proponen que el Ministerio de Fomento lleve a cabo las siguientes medidas:
- Establecer un sistema de control y supervisión efectivo y preventivo sobre las operaciones aéreas. Para ello, consideran que se debe contar con profesionales cualificados y con experiencia en la materia, como son los pilotos profesionales en activo. FACUA y SEPLA consideran necesario aplicar una labor de vigilancia desde la autoridad aeronáutica para impedir que se den incumplimientos de la normativa, malas prácticas o decisiones arbitrarias de las compañías.
- Reforzar la seguridad de trabajos aéreos como la extinción de incendios, el salvamento marítimo o el transporte de servicios medicalizados, servicios esenciales para el ciudadano que en muchos casos se desempeñan en condiciones de precariedad e inseguridad, critican los firmantes. Para ello, proponen recuperar la figura del oficial de tráfico de aeropuerto con el objetivo de que en todo momento exista al menos un representante de la autoridad aeronáutica ante los posibles problemas de seguridad, operacionales o de atención al pasajero que se puedan dar.
- Proteger la independencia del comandante a la hora de tomar decisiones sobre seguridad ante el actual aumento de las presiones por parte de los operadores. Los firmantes piden a la autoridad que garantice la independencia y el respeto a la toma de decisiones del comandante en materia de seguridad. Además, defienden que se prioricen los criterios de seguridad frente a los económicos y comerciales para contribuir a frenar la degradación generalizada de la aviación, y piden a la Administración que proteja a todo aquél que colabore con la seguridad operacional manteniendo su confidencialidad.
- Prevenir la fatiga en las tripulaciones aéreas. FACUA y Sepla consideran que la Administración española debe presionar en el seno de la Comisión Europea a favor de leyes menos permisivas con los tiempos de actividad de las tripulaciones y fomentar que se redacten según los criterios científicos al respecto.
- Más transparencia de la AESA para la resolución de sus informes y en la tramitación de denuncias. La agencia debe responder a todas aquellas consultas, quejas o denuncias recibidas de particulares u organizaciones, en la línea de la función de servicio que es de esperar de todo organismo público hacia los ciudadanos y profesionales, señalan en la carta. Para ello, consideran esencial llevar a cabo una labor de monitorización sobre las reclamaciones que presenten los pasajeros.
- Investigar los motivos argumentados por las compañías para la cancelación de vuelos. Así, si una compañía aérea intenta argumentar causas de fuerza mayor para eludir el pago de la correspondiente compensación ante un retraso o cancelación, pilotos y usuarios exigen que se compruebe si el motivo ha sido en realidad el esgrimido o, por el contrario, la empresa trata de eludir sus obligaciones. Igualmente, dentro de la ya presentada Ley de Transparencia, estiman oportuno incluir los presupuestos de Fomento para garantizar la seguridad de la aviación.
- Sancionar a las aerolíneas que incumplan sus obligaciones con los pasajeros. En todo caso, consideran que deben ser multadas aquellas compañías que nieguen indebidamente sus derechos a los usuarios ante grandes retrasos, cancelaciones u otras cuestiones que son competencia de Fomento para obligarles a presentar las reclamaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En caso de que la reclamación sea resuelta por la AESA a favor de los usuarios y las compañías sigan negándose a cumplir con la normativa, éstas deberán ser también sancionadas, algo que en la actualidad no sucede.
- Promover campañas anuales de inspección y control sobre los protocolos de venta de billetes de las compañías para comprobar si cumplen con el Reglamento europeo y la Ley de Navegación Aérea. En caso contrario, las autoridades deben instales a ello y aplicarles las correspondientes sanciones, que han de ser proporcionales al beneficio obtenido con las irregularidades cometidas, exigen FACUA y Sepla.
- Difundir públicamente las sanciones a las compañías aéreas y las infracciones cometidas. Es esencial que los usuarios conozcan qué irregularidades o incumplimientos cometen las aerolíneas antes de contratar un vuelo. Para usuarios y pilotos, Fomento no sólo debe hacer públicas las multas, sino que éstas deben quedar reflejadas en un registro público dedicado al efecto al que todos los pasajeros puedan tener acceso.
- Controlar la solvencia económica de los operadores aéreos. De esta forma se pueden evitar cierres inadvertidos que dejen desprotegidos tanto a los usuarios como a los profesionales afectados, como por desgracia ha ocurrido en demasiadas ocasiones en los últimos años, lamentan FACUA y Sepla.
