«Parece que ACS y Florentino Pérez tienen partida propia dentro de los Presupuestos Generales del Estado», critica la secretaria general de la asociación, Olga Ruiz.
FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Gobierno español participe en el rescate conjunto del túnel que conecta España y Francia por AVE, al declararse en liquidación TP Ferro, la empresa privada participada por ACS y Eiffage que lo gestionaba, tras no lograr un acuerdo con los bancos para refinanciar la deuda de 557 millones de euros que soporta la infraestructura.
España y Francia, a través de Adif y SNCF Réseau, sus empresas públicas de infraestructuras ferroviarias, constituirán una sociedad conjunta para asumir la gestión de la conexión AVE transfronteriza. Una gestión que deberá iniciar lastrada por la millonaria deuda que arrastra y que, recuerda FACUA, repercutirá en las arcas públicas, un condicionante de enorme gravedad.
La asociación critica que, tras recibir el grupo presidido por Florentino Pérez y la constructora francesa la negativa de la banca a refinanciar su deuda, y quedar por tanto TP Ferro abocada a la liquidación, el Gobierno español tenga que soportar las consecuencias de un proyecto fallido, ruinoso y levantado sobre la más absoluta falta de previsión.
Otros rescates a ACS
No es, con todo, la primera vez que el Estado decide destinar dinero público a compensar deudas de firmas vinculadas aPérez. En octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó indemnizar con 1.300 millones de euros a Escal UGS (participada por ACS) por el fallido proyecto Castor. O recientemente, el pasado mayo, Murcia anunció que pagará a empresas del también presidente del Real Madrid casi 600 millones por una desaladora que apenas funciona (cinco veces lo que costó).
«Parece que ACS y Florentino Pérez tienen partida propia dentro de los Presupuestos Generales del Estado«, señala la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz. La asociación lamenta que el Gobierno priorice el rescate de empresas privadas por encima del interés general a la hora de destinar los fondos públicos.
En el caso de la obra del AVE a Francia, ACS y Eiffage se retirarán de la gestión de la infraestructura, que primero asumirá la administración concursal y, posteriormente, la sociedad pública hispano-francesa que se hará cargo de su explotación «bajo la autoridad de los dos Estados«.
Inversión de 1.000 millones
Las dos constructoras, a través de TP Ferro, se adjudicaron en 2003 el contrato de construcción y posterior explotación del que constituyó el primer tramo de AVE transfronterizo, además de una de las mayores obras mundiales de ingeniería civil.
La conexión, que supuso una inversión de 1.000 millones de euros, es un tramo de AVE de 44,4 kilómetros de longitud, de los que 8,3 kilómetros corresponden a un túnel bajo los Pirineos.
Para acometer la obra, la constructora de Pérez e Eiffage acudieron a la banca para lograr financiación de 400 millones. Los 600 millones restantes provinieron de financiación pública aportada por España, Francia y la UE.
