El nuevo Real Decreto-ley abre la puerta a que las plataformas audiovisuales censuren ‘en vivo y en directo’ la emisión de contenidos sin garantías judiciales previas.
Fotografía: Martínezld
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la nueva normativa que traspone la directiva europea sobre copyright, la llamada Ley Iceta, es un peligro para la libertad de información y expresión, al abrir la puerta a que las plataformas audiovisuales censuren en vivo y en directo la emisión de contenidos que consideren piratas sin garantías judiciales previas.
El Real Decreto-ley 24/2021 traspone la Directiva europea 2019/789, que recoge las nuevas normas que se aplican a los derechos de autor en el ámbito de la Unión Europea (UE), entre otras. En la práctica, su artículo 73 obliga a las plataformas a censurar mediante algoritmos cualquier contenido sujeto a propiedad intelectual subido por los usuarios de la que no tengan autorización para su emisión si no quieren incurrir en responsabilidades, saltándose así cualquier procedimiento judicial previo.
En este sentido, FACUA critica que el Gobierno de Pedro Sánchez haya introducido elementos de censura previa que sólo benefician a las grandes empresas audiovisuales, cuyo contenido quedará retirado de la red de forma preventiva simplemente por la actuación de robots que las plataformas de emisión implementen.
Así, aunque los usuarios cuyas emisiones sean retiradas disponen de un plazo de 10 días para reclamar, la medida cautelar no se suspende, por lo que el contenido permanecerá sin estar accesible hasta que se resuelva el procedimiento.
Todo ello, además, sin que la decisión previa de eliminar dicho contenido sea llevada a cabo por ningún juez, sino por algoritmos que deberán implementar las empresas privadas de transmisión para evitar incurrir en responsabilidades. La intervención humana sólo ocurrirá durante el procedimiento que se llevará a cabo una vez un usuario presente una reclamación por dicha retirada, pero no antes.
Sin debate parlamentario
De igual forma, FACUA considera lamentable que el Ejecutivo haya decidido realizar la trasposición de dicha Directiva europea mediante la vía del Real Decreto-ley, eliminando así cualquier posibilidad de debate parlamentario y público y sin la debida transparencia.
Esta normativa deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días, pero sólo permite su aprobación o derogación en bloque, ya que traspone muy diferentes directivas europeas.
