Este plan tiene como objetivo optimizar las rutas de autobuses, reducir tiempos de viaje y bajar tarifas en un 20%, favoreciendo la competitividad del transporte público
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17 de octubre de 2024. El Gobierno de España, a través del nuevo mapa concesional de Transportes, reafirma su compromiso con la mejora de los servicios de autobuses, enmarcado en un plan nacional que garantizará que ningún ciudadano pierda oportunidades de viaje. El Ejecutivo, en su firme apuesta por mejorar la conectividad regional, destinará 40 millones de euros al año para que las comunidades autónomas, como Castilla y León, asuman la gestión de los servicios que hasta ahora han sido de competencia estatal.
De esa cuantía, 25 millones de euros serán en forma de subvenciones directas. Esta iniciativa permitirá a la Junta asumir el control de aquellas paradas de menor demanda interautonómica que actualmente forman parte de las concesiones de largo recorrido, pero que deben ser gestionadas de manera más eficiente desde el ámbito autonómico debido a la naturaleza de su demanda.
El Gobierno destaca que, según los estudios previos, un 75% de las paradas analizadas en Castilla y León tuvieron menos de un pasajero interautonómico diario en 2019. Además, hay que destacar que la demanda de las paradas analizadas en el marco del nuevo mapa concesional representa apenas el 3% del total de la demanda de los servicios de autobuses gestionados por la Administración General del Estado en Castilla y León. En total, 5,8 millones de viajeros utilizaron autobuses que iniciaron o finalizaron su viaje en esta comunidad autónoma, lo que incluye tanto a los usuarios de trayectos interautonómicos como intraautonómicos.
Esto refleja la necesidad de reordenar las rutas para optimizar el servicio y atender mejor las demandas reales de los ciudadanos, lo que también se traduce en tiempos de viaje significativamente más cortos. Ejemplos claros de estas mejoras incluyen la reducción de 1 hora y 4 minutos en el trayecto entre Lugo y Palencia, pasando de 5 horas y 12 minutos a 4 horas y 8 minutos, así como la reducción de 2 horas y 9 minutos entre Barcelona y Valladolid, que pasará de 10 horas y 35 minutos a 8 horas y 26 minutos, o también, entre otros ejemplos, el trayecto entre Soria y Torrejón de Ardoz verá una reducción de 26 minutos, pasando de las actuales 3 horas y 16 minutos a 2 horas y 50 minutos.
En las reuniones de coordinación, el Gobierno muestra su total colaboración y transparencia para abordar temas como la reordenación de rutas, coordinación horaria y financiación.
Pese a las dificultades que el Gobierno de España está encontrando por parte de la Junta de Castilla y León, continúa en su firme objetivo de asegurar que los ciudadanos de Castilla y León cuenten con un transporte público más rápido, asequible y eficiente, siendo la primera vez que se articulan este tipo de ayudas, esenciales para acercarnos a las necesidades actuales de la sociedad.
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La Junta solicita al Ministerio la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para reconsiderar el Mapa de Transportes que en Castilla y León suprime 474 paradas en 346 municipios.
Castilla y León | 17 de octubre de 2024. Tras la reactivación del borrador del nuevo Mapa Concesional de Transportes por parte del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León recuerda que ya cuenta con un diseño del nuevo sistema de transportes de Castilla y León, motivo por el que ahora solicita la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes al Ministerio como requisito indispensable para reconsiderar el planteamiento inicial del mismo.
El nuevo Mapa Concesional Estatal suprime tres de cada cuatro paradas actuales en Castilla y León, con 474 paradas afectadas en 346 municipios de las nueve provincias de la Comunidad. Hay casos muy significativos, como los de las provincias de León o Palencia, donde la supresión afecta al 90 % de las paradas actuales. El mapa que promueve desde el año 2022 el Gobierno de España «abandona», en definitiva, a más de 200.000 habitantes del medio rural. Los municipios perjudicados en Castilla y León suponen el 24,4 % de los afectados en España.
Por este motivo, desde la Junta de Castilla y León se considera necesario garantizar previamente la calidad y eficiencia del servicio a los ciudadanos de Castilla y León para que no se vean penalizados por retrocesos ni obligados a realizar transbordos en sus recorridos. Además, se debe dotar de financiación estable a las comunidades autónomas.
Esto es un requisito indispensable para poder avanzar en las licitaciones del transporte en la Comunidad. La información ofrecida por el Ministerio no tiene en cuenta la diversidad territorial de todo el país, en especial de Castilla y León, donde la Junta no ha tenido en cuenta el número de usuarios del transporte público para garantizar el 100 % de estos servicios.
La financiación que ofrece el Ministerio es de 40 millones de euros anuales (en realidad son 25 millones de euros al considerar que 15 son por los billetes de los usuarios) a repartir entre todas las comunidades, una cuantía «a todas luces insuficiente» si se tiene en cuenta que el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la Administración General del Estado con el nuevo mapa concesional y que pretende que asuman las diferentes comunidades asciende a un mínimo estimado de 110 millones de euros.
Ante el impacto de esta medida, diferentes autonomías han solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes como marco para abordar este tema.