La ministra Isabel Celaá ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Educación, con el objetivo de coordinar y acordar las pautas para el reinicio de la actividad educativa presencial en septiembre. También se ha acordado adaptar las programaciones didácticas para reforzar los posibles déficits formativos provocados por el Covid-19, establecer un plan de seguimiento de los alumnos con mayores dificultades, mantener los servicios complementarios de transporte y comedor y reducir la brecha digital. Las administraciones educativas orientarán a los centros educativos, que adaptarán sus planes de inicio del curso y de contingencia a sus circunstancias particulares

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las Comunidades Autónomas han acordado adoptar la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio y el desarrollo del curso escolar 2020-2021 con el máximo de garantías necesarias. El acuerdo, al que se han adherido todas las CCAA excepto Madrid y País Vasco, recoge orientaciones para reforzar los déficits de aprendizaje provocados por la suspensión de actividad educativa presencial a causa del Covid-19 y para reducir la brecha digital.

El curso comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre, cumpliendo el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias concretas de los centros. La actividad lectiva presencial será el principio general. Las Administraciones educativas harán lo posible para asegurar la modalidad presencial, cuya importancia para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas ha quedado demostrada por la experiencia de este curso.

Por otra parte, los centros educativos adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados a raíz de la pandemia y permitir así al alumnado alcanzar los objetivos previstos. Siguiendo las directrices de las Administraciones educativas, los centros elaborarán también planes de seguimiento y de apoyo para los alumnos que experimenten dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias actuales.

Cada centro deberá tener de forma complementaria un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia que prevean las actuaciones a realizar en función de los distintos escenarios que puedan irse presentando.

El acuerdo prevé también trabajar con los servicios de prevención de riesgos laborales para reducir al mínimo los riesgos del conjunto de la comunidad educativa. Los centros mantendrán con el alumnado sesiones informativas y de recuerdo de las recomendaciones higiénico-sanitarias.

En relación a los servicios complementarios habituales, como el transporte y los comedores, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad.

Lucha contra la brecha digital

Otra prioridad será la de reducir la brecha digital, que el confinamiento ha puesto de manifiesto. Se prestará una especial atención a la dotación de equipamiento para los centros educativos y para los alumnos, mediante sistemas de entrega o de préstamo. Al mismo tiempo, se promoverán las acciones de formación digital del profesorado y del alumnado y el asesoramiento de las familias. El MEFP y las Consejerías responsables de Educación intensificarán también las acciones de colaboración para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza, el aprendizaje y la formación de los diversos sectores de la comunidad educativa.

Igualmente, se pondrán en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos de estudiantes que más han sufrido las dificultades vividas y la dotación en equipamiento tecnológico que permita mantener el vínculo educativo. Por último, las administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada frente a circunstancias imprevistas.

El MEFP ha presentado durante la Conferencia un documento base elaborado junto al ministerio de Sanidad con medidas de higiene y seguridad para garantizar un curso seguro y para la detección precoz de posibles casos de Covid-19 que será trabajado conjuntamente con las Comunidades Autónomas y las autoridades sanitarias para alcanzar una propuesta consensuada.

 

Castilla y León ha votado a favor de unos criterios generales acordados en la Conferencia Sectorial de Educación y trabajará con Sanidad sus aportaciones al protocolo de seguridad

La consejera de Castilla y León ha votado a favor de la propuesta de acuerdo que ha presentado el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la Conferencia de Educación celebrada en la mañana de ayer jueves. Un documento con 14 puntos con criterios generales para afrontar el inicio y desarrollo de curso, con medidas como defender la presencialidad, el trabajo colaborativo, reducir la brecha digital o trabajar conjuntamente con los servicios de prevención de riesgos laborales.

En el mismo encuentro, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado un borrador de protocolo de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19. Este documento se ha desvinculado de la votación a petición de Castilla y León, entre otras comunidades autónomas. Así, han quedado en que cada Consejería trabaje ese documento con las autoridades sanitarias autonómicas para hacer aportaciones y poder acordar un protocolo común para todas.

La consejera de Educación siempre ha planteado su apuesta por trabajar para que todos los alumnos pudieran volver a las aulas en septiembre de forma presencial, si la situación sanitaria lo permitía. Así, Rocío Lucas agradece el nuevo planteamiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional en este sentido.