El leonés, por lo tanto, es una lengua con reconocimiento estatutario pero no de carácter cooficial, por lo que no le son de aplicación las obligaciones derivadas de las lenguas cooficiales
El Gobierno continúa con una interpretación falsaria de la Constitución Española para no cumplir con aquello que marca el artículo de la Constitución «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, el que sean o no oficiales, según marca el artíclo 3.2 no exime al Gobierno de su deber de protección
La pregunta del Senador Mulet
Visto el nulo interés de la Junta de Castilla y León en proteger el idioma leonés, y que la Constitución atribuye al Estado la protección de todas las lenguas españolas, ¿ va a adoptar alguna medida para proteger y poner en valor este idioma, o va a continuar como ahora sin hacer nada y por lo tanto incumpliendo el artículo 3 de la Constitución?
La decepcionante, una vez más, respuesta del Gobierno
En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Constitución Española (CE) proclama, en su artículo 3.3, que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, y que son los Estatutos de Autonomía los que deben recoger la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano (artículo 3.2).
Cabe señalar que el leonés queda recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, como lengua minoritaria, establece que será objeto de protección específica por las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad Autónoma y se encuentra amparada, igualmente, por la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.
El leonés, por lo tanto, es una lengua con reconocimiento estatutario pero no de carácter cooficial, por lo que no le son de aplicación las obligaciones derivadas de las lenguas cooficiales, sin perjuicio de los compromisos que asuman los poderes públicos de velar por su protección y promoción, como exigen la CE, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y los tratados internacionales.
En este sentido, se informa que el Gobierno realiza importantes labores de protección y promoción de las lenguas cooficiales y lenguas minoritarias y así se ha hecho constar en los informes de seguimiento presentados ante el Consejo de Europa en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.
