El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria de ayer domingo, ha aprobado a través de un Real Decreto la declaración del estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6 meses cuando el Gobierno realice la solicitud al Parlamento el próximo martes, para responder ante la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19.

El plazo de 6 meses es el considerado necesario, en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina.

El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.

La declaración responde a la petición de 10 Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares) y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España.

Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto según su situación.

Limitación de la circulación

Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.

En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.

Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.

Criterios de actuación

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población.

Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:

En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.

Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.

En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

Refuerzo de la coordinación

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.

Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a las Comunidades Autónomas.

 

Recursos de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.

También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados.

Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.

La Junta anuncia que Castilla y León mantendrá las restricciones de aforo y la actual limitación de la libertad de circulación en horario nocturno tras el estado de alarma aprobado ayer

El presidente del Ejecutivo autonómico asume con lealtad y responsabilidad la delegación de la autoridad en las comunidades autónomas que confiere el nuevo estado de alarma decretado hoy por el Gobierno de España.

Castilla y León | 26 de octubre de 2020. En una declaración institucional tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario con motivo del estado de alarma declarado hoy por el Gobierno de España, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que en el territorio de la Comunidad se mantendrán las actuales restricciones de aforo y la limitación de la libertad de circulación entre las 22.00 y las 6.00 horas que entró en vigor ayer mismo. Según ha explicado Fernández Mañueco, la declaración del estado de alarma permite ratificar y mantener estas medidas en Castilla y León sin tener que recurrir al confinamiento perimetral en este momento.

La Junta ha optado por mantener el horario de la limitación de la libertad de circulación desde las 22.00 horas, así como el aforo actual de la hostelería, y no por cerrar el interior de los bares o cerrar totalmente este sector, como han hecho otras comunidades autónomas en la misma situación que Castilla y León. Según ha explicado, el cierre de la hostelería a esta hora ha dado buenos resultados contra la pandemia en otras comunidades autónomas cercanas.

Fernández Mañueco ha asumido, con lealtad, responsabilidad y decisión, la delegación de la autoridad que confiere a los presidentes de Comunidades  Autónomas el estado de alarma declarado hoy en todo el país, y ha asegurado que lo hará en coordinación con el resto de instituciones: el Gobierno de España, la Delegación del Gobierno de Castilla y León, el resto de comunidades autónomas, los ayuntamientos, diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. Por ello, el presidente informará a los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y la consejera de Sanidad comparecerá en el Parlamento autonómico cada 15 días.

El presidente de la Junta ha manifestado que Castilla y León ha tomado ya medidas muy duras, y que tendrá que seguir haciéndolo, siempre apoyadas en la base científica de las recomendaciones del Comité de Expertos y en los acuerdos de los órganos de coordinación, si la evolución de la pandemia no mejora. Así, ha explicado que la Comunidad se encuentra en situación de máximo riesgo según los criterios acordados por el Gobierno de España y las comunidades autónomas: con una incidencia acumulada de 589 casos por 100.000 habitantes; con una ocupación total de las Ucis del 70 %, la mitad de ellos pacientes con Covid; con más de 700 fallecidos desde el 1 de septiembre en hospitales y residencias; y con un millar y medio de contagios diarios.

 

Medidas contra la pandemia y responsabilidad individual

Por último, Fernández Mañueco ha recordado que durante los últimos meses la Junta de Castilla y León ha venido reiterando al Gobierno de España la necesidad de contar con los instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades autónomas aplicar medidas eficaces contra la pandemia.

El pasado jueves, ante la preocupante evolución de la pandemia, se solicitó la adopción del toque de queda en horario nocturno a través del instrumento jurídico que fuera necesario. Y esa misma tarde, al no concretarse una decisión en el Consejo Interterritorial de Salud, Castilla y León aprobó en Consejo de Gobierno extraordinario la aplicación del toque de queda desde las 22.00 hasta las 6.00 horas, sumado a otras medidas restrictivas.

De este modo, Castilla y León se adelantó en su esfuerzo por frenar la evolución de la pandemia, al igual que se está haciendo con el refuerzo del sistema sanitario con más Ucis, con más rastreadores, con más test y con más personal. No obstante, Fernández Mañueco ha recordado que junto a todo ello es necesaria más que nunca la responsabilidad individual para frenar los contagios y evitar la saturación hospitalaria.

Al mismo tiempo, Castilla y León continúa trabajando en nuevas medidas para la recuperación económica, para proteger todos sectores productivos y el empleo, con ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, y en nuevas medidas sociales de apoyo a las familias, y dotando de fondos extraordinarios a ayuntamientos y diputaciones.