El objetivo del fondo es garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público esencial para todos los ciudadanos y la viabilidad del tejido empresarial necesario para su prestación. El fondo se podrá ampliar hasta 400 millones de euros, si el importe inicialmente asignado resulta insuficiente para paliar los efectos derivados de la pandemia en el transporte público local. Esta medida completa las adoptadas anteriormente por el Gobierno para apoyar el transporte público terrestre mediante el fondo autonómico de 800 millones de euros y el reequilibrio económico de las concesiones de autobús estatales
Fotografía: Martínezld
El Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, ha aprobado un fondo de 275 millones de euros para financiar el déficit extraordinario de los servicios de transporte público que prestan las entidades locales, motivado por las medidas adoptadas durante el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.
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En el fondo, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público esencial para todos los ciudadanos y la viabilidad del tejido empresarial necesario para su prestación, quedan incluidos los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, comprendidas las diputaciones forales, los consejos y los cabildos insulares que presten servicios de transporte público.
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El déficit cubierto por este fondo será el que se haya producido durante el período de estado de alarma y el que se produzca hasta finales de 2020, como consecuencia de la reducción extraordinaria de los ingresos asociados a la venta de billetes, reducción motivada por la drástica reducción de la demanda, así como por los costes extraordinarios causados por las medidas de prevención, limpieza y desinfección y por la limitación de la ocupación de los vehículos por motivos sanitarios.
De este modo, la asignación de la financiación correspondiente a cada entidad local se determinará de forma transparente y sobre la base de criterios objetivos establecidos el propio texto normativo, estimando el déficit extraordinario en el transporte público local como un porcentaje de la cuantía de los ingresos por tarifa de un año tipo, considerándose como tal el año 2018.
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A tal efecto, los titulares de los órganos de intervención de los ayuntamientos y diputaciones tendrán que emitir el correspondiente certificado con la información necesaria.
El modelo será, por tanto, similar al aplicado para la financiación del déficit extraordinario del transporte público de financiación y titularidad autonómica. En este caso resultarán beneficiadas aproximadamente 360 entidades locales.
Fondo ampliable
El fondo será ampliable hasta los 400 millones de euros si los certificados emitidos por las intervenciones locales evidenciaran que el importe inicialmente asignado resulta insuficiente para paliar los efectos en el transporte público local derivados de la crisis sanitaria.
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El fondo será gestionado por MITMA y los importes que perciban las entidades locales con cargo a este fondo deberán destinarse a financiar la prestación del servicio de transporte público urbano.
Con esta medida se completan otras adoptadas anteriormente por el Gobierno para apoyar el transporte público terrestre, aliviar la necesidad de liquidez de los operadores y asegurar la viabilidad de un tejido empresarial que es necesario para la prestación del servicio público de transporte.
Entre dichas medidas se encuentran el fondo autonómico de 800 millones de euros para paliar el déficit adicional experimentado por el transporte público de financiación y titularidad autonómica como consecuencia de la pandemia, y la aprobación de los términos para el reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera de competencia estatal, alterado sustancialmente durante el estado de alarma por la drástica reducción de la demanda de transporte y los costes adicionales soportados por las empresas a fin de preservar la salud de los viajeros.
