El Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCYL) muestra su profunda decepción e indignación por la aprobación durante el día de hoy de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. El Congreso de los Diputados cierra con esta votación más de 30 años de democracia participativa juvenil.
La Ley es el resultado de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA). Basándose en afirmaciones falsas, como ya ha demostrado el propio CJE y dictámenes de prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo, se quiso suprimir sin más el único espacio de participación juvenil que desarrolla el Artículo 48 de la Constitución. Después vinieron los intentos de camuflar su supresión y la resignación del Ejecutivo de mantener una estructura de mínimos (por la presión europea, probablemente, ya que hasta el propio Presidente del Parlamento Europeo llamó la atención al Presidente Rajoy al respecto).
La alternativa que el Gobierno ha impuesto, sin escuchar siquiera a las organizaciones juveniles, plantea un CJE absolutamente doblegado a la voluntad del Ejecutivo para definir su estructura, fines, composición y funcionamiento. Todo lo que el futuro CJE sea vendrá definido por el Gobierno y no por las organizaciones juveniles, haciendo de España una excepción en Europa. Prevé un Consejo de la Juventud que no garantiza ni la “eficacia” ni la “libertad” que exigen la Constitución para la participación de la juventud en la vida social, económica, política y cultural. Ignora también todas las recomendaciones internacionales sobre los Consejos de Juventud que han emitido desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea (Parlamento, Comisión, Consejo, Comité de las Regiones…), pasando por el Consejo de Europa.
El Consejo de la Juventud de España logró en el Senado, antes del verano, pactar con la mayoría de grupos políticos unas enmiendas transaccionales que permitieran sostener una figura de mínimos. Uno de los requisitos irrenunciables por parte de las organizaciones juveniles del actual CJE era que se respetara la composición vigente, de más de 80 entidades, y entre ellas la de los Consejos autonómicos de juventud. Para ello se logró pactar una enmienda transaccional al texto con casi todos los grupos parlamentarios del Senado, y entre ellos el propio Grupo Parlamentario Popular. Al parecer, un supuesto error del Presidente del Senado hizo que la transaccional ni siquiera llegara a votarse, según consta en el Diario de Sesiones. Y sin más, sin corregir ni explicar el error en ningún momento, salió el Proyecto de Ley de vuelta hacia el Congreso de los Diputados, que hoy le da carpetazo.
El resultado de este proceso hace que se cierren las puertas a la interlocución estatal y europea para todas las organizaciones juveniles de ámbito autonómico o local. Más de un centenar de asociaciones juveniles castellano y leonesas, que reúnen a varias decenas de miles de jóvenes de las nueve provincias, se quedarán sin voz propia que defienda sus derechos ante el Gobierno de España y ante las instituciones europeas.
Ahora queda por delante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la promulgación de un Real Decreto que desarrolle la totalidad de las competencias. El Consejo de la Juventud de Castilla y León aspira a ser recibido por el Director General del INJUVE, junto al resto de Consejos autonómicos, para buscar una solución a esta situación.
