Cultura adjudicó las rutas culturales fuera de la ley y no aceptó la impugnación que le alertaba de esta vulneración. Las criptas romanas siguen con actividades en precario y con una programación insuficiente.
El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, denunció los empecinados errores en la gestión de las visitas al León Romano y las criptas que han llevado, esta vez, a la Junta de Castilla y León a imponer una multa al consistorio por incumplir la ley en la contratación de los “guías”.
Diez explicó que este servicio ha sido uno de los quebraderos de cabeza irresolubles para Antonio Silván que no ha sido capaz en cuatro años de prestar un servicio correcto de visitas al León Romano y las criptas. De hecho, estos servicios han estado cerrados durante meses y, actualmente, se realizarán sin contrato oficial.
Diez explicó que la Junta de Castilla y León impuso al Ayuntamiento una multa de 900 euros por incumplir la ley en la contratación de los presuntos guías acompañantes de las rutas ya que el consistorio adjudicó el contrato a personas sin la cualificación necesaria para organizarla aun sabiendo de la vulneración de esta norma tras la impugnación del contrato por uno de los concursantes.
La sanción, 900 euros, se redujo a 540 euros porque el consistorio aceptó la infracción y pagó en el mes de agosto la sanción. No obstante, los adjudicatarios siguieron con las visitas y los impugnantes del contrato no fueron ni informados de esta sanción.
El PSOE solicitó el expediente completo de esta tramitación pero la concejala de Cultura se niega a facilitarlo excusándose en la ley de protección de datos, un argumento que queda totalmente injustificado cuando se trata de una información solicitada por un concejal municipal y cuando la sanción se impone directamente al Ayuntamiento como contratante y no a los adjudicatarios.
Diez indicó que esta es una muestra más del oscurantismo, negligencia y gestión arbitraria del alcalde Antonio Silván y varios miembros de su equipo. Además precisó que es una obcecación absoluta ya que en un primer momento este contrato se adjudicó a una Comunidad de Bienes pese a la imposibilidad legal de contratar con comunidades que tienen las administraciones públicas.
“El PSOE alertó en varias ocasiones de la necesidad de prestar ese servicio con garantías, y también lo hicieron los servicios económicos municipales pero parece que había una razón oculta, que quizá también esta grabada en alguna conversación, para contratar a determinadas personas. Las razones, las desconocemos, pero la realidad es que no les ha importado saltarse la normativa para que fueran esas y no otras personas las que hicieran las visitas. Esperamos que aunque tarde, y tras negarse, la concejala de Cultura y Turismo pueda explicar el por qué”, recalcó Diez.