El Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad igualitaria, libre de violencia machista.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en el año 2000, el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo fue el de sensibilizar a toda la sociedad respecto de la violencia que sufren las mujeres como manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de este delito en todo el mundo. Asimismo, se invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
Por ello, la Ministra de Igualdad, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministro del Interior y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, promueven la adopción por el Consejo de Ministros de la siguiente declaración: “Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad igualitaria, libre de violencia machista».
La violencia contra las mujeres y niñas vulnera el derecho fundamental a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, y los derechos de la infancia. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación, manipulación o abusos de poder.
Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre a las víctimas en el centro, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades.
El año 2024 ha venido marcado por la continuidad de la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista con el desarrollo de distintos mecanismos contemplados en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS). Destaca, en este sentido, la aprobación del Real Decreto 664/2024, de 9 de julio, por el que se regulan las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales recogidas en el artículo 41 de dicha ley, así como la apertura paulatina, a lo largo del año, de 52 centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual en todo el territorio nacional, financiados con cargo a los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, se ha ampliado el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) a todas las formas de violencia contra las mujeres, así como el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos, que incluye también este tipo de violencias.
En materia de empleo, destaca la aprobación del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, que regula el acceso al subsidio por desempleo para las víctimas de violencia de género o sexual, a fin de garantizar que no se vea mermada su protección en materia de desempleo y se les extiende el derecho a compatibilizar el subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta ajena.
Asimismo, la aprobación del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, que reconoce el derecho a la protección frente a la violencia y acoso en el empleo doméstico y encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboración de un protocolo
para su prevención.
Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha puesto en marcha un Programa de “Formación e inserción con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual”, que implica un itinerario personal e integrado de orientación, asesoramiento y acciones de formación, ajustado al perfil de empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género o que hayan sufrido trata u otras formas de explotación sexual.
En el ámbito de las prestaciones sociales que ayudan a las mujeres víctimas de violencia de contra las mujeres, como el Ingreso Mínimo Vital, han de destacarse las medidas introducidas para flexibilizar su concesión.
Estos esfuerzos se suman a nuestra firme determinación de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, contra todas las mujeres, con especial énfasis en las más vulnerables que enfrentan discriminación múltiple e interseccional, como por ejemplo mujeres inmigrantes o refugiadas, mujeres con discapacidad, mujeres con problemas de adicciones, o mujeres en situación de pobreza. Ello incluye, en línea con la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, el impulso a intervenciones comunitarias en áreas de exclusión social y marginalidad, al tiempo que se refuerza la formación continua de las personas profesionales sanitarias en la detección, manejo y prevención de la violencia contra las mujeres.
Con la LOGILS se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, y al avance en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como “Convenio de Estambul”, cuya publicación en nuestro Boletín Oficial del Estado celebra este año su décimo aniversario.
España es un referente internacional en la lucha para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus formas, fruto de la intensa labor realizada en los últimos 20 años. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo una arquitectura institucional y jurídica para combatir la violencia de género que sigue consolidándose en nuestro país.
La senda de avance no puede ser otra que la de perseverar en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020. En 2024 se ha celebrado la segunda ronda de evaluación y, cuatro años después de ese primer informe, el GREVIO ha valorado positivamente los avances producidos en España en lo que respecta a la ampliación de los recursos para atender a todos los tipos de violencia contra las mujeres, a la prohibición del falso “síndrome de alienación parental” y a los esfuerzos invertidos en ampliar y profundizar la formación de todos los sectores profesionales implicados.
El Ministerio de Igualdad ha convocado hasta la fecha 10 comités de crisis (3 durante el año en curso), un instrumento de coordinación esencial entre las comunidades autónomas y los Ministerios competentes donde se realiza el análisis pormenorizado de los casos y se aportan propuestas de mejora del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género.
En esta línea, es preciso destacar igualmente el refuerzo de la protección otorgada a las víctimas en el exterior, a través la firma el pasado 16 de julio de 2024 del Acuerdo Interministerial de Cooperación para la Atención, el Traslado y el Retorno de las Españolas Víctimas de Violencia contra las Mujeres en el Exterior.
A su vez, la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia supuso un hito al considerar que los niños, niñas y adolescentes que presencian violencia entre otras personas, sobre todo si les une a ellas un vínculo afectivo, no deben ser considerados solo testigos, sino también víctimas de violencia emocional y a veces incluso física y otorgándoles, por ello, el estatuto de víctimas de violencia de género.
Todo ello no es solo un ejercicio del deber de diligencia debida que el Estado debe asumir; es también una muestra del compromiso de nuestro país en la defensa de los derechos de las mujeres. Representa una obligación de las instituciones para garantizarlos y hacerlos efectivos en el marco de un Estado social y democrático de derecho, conforme a lo establecido en nuestra Constitución.
Así, al cumplirse 20 años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, podemos afirmar que los esfuerzos se han intensificado y que persiste un compromiso constante por mejorar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Los cimientos del marco legislativo que protege a las supervivientes de todas las formas de violencia machista, junto a sus hijos e hijas, son hoy más sólidos.
Muestra de este compromiso son las medidas realizadas en 2024 para mejorar el acceso de las víctimas a la justicia, como la creación y refuerzo de las unidades administrativas de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito; la entrada en funcionamiento de nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de estos asuntos; la regulación técnica de los llamados «puntos de acceso seguros» y los «lugares seguros», para que las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, y de trata de seres humanos puedan intervenir telemáticamente en los procesos penales desde los lugares donde se encuentren y recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección; y la reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales para reforzar la protección de los menores.
Este compromiso se extiende también a un sistema de salud que no solo ha de atender las necesidades físicas de las víctimas, sino que también ha de favorecer su recuperación emocional y psicológica, ofreciendo una atención integral para su plena rehabilitación.
La creciente concienciación de la sociedad, así como el impulso del movimiento feminista, llevaron a la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, que representa el gran consenso que existe en España para luchar de manera unánime y firme contra esta violencia, y la implicación de todas las instituciones en la misma.
Con 1.285 mujeres víctimas mortales por violencia de género desde 2003 hasta la fecha (40 en 2024), 463 personas menores huérfanas desde 2013 (30 este año) y 61 personas menores también asesinadas por violencia de género desde 2013 (8 personas menores asesinadas este año), es el momento de renovar los compromisos a nivel político, ejecutivo y legislativo, una vez que se han desarrollado y analizado las correspondientes evaluaciones del Pacto de Estado de 2017 por parte de diferentes instituciones: Senado, Tribunal de Cuentas y Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, publicadas en 2023. España está en disposición de lograr un nuevo acuerdo que renueve el compromiso adquirido para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, considerando este objetivo como una cuestión de Estado que interpela tanto a las mujeres como a los hombres, en una palabra, a toda la sociedad.
También es importante visibilizar aún más nuestra máxima condena y repulsa ante los asesinatos que se esconden detrás de estas cifras inaceptables. El recién aprobado protocolo de condena y repulsa ante asesinatos por violencia de género por el Consejo de Ministros formaliza el procedimiento a seguir para condenar públicamente todos los asesinatos por violencia de género; expresar el rechazo de la sociedad ante estos actos, manifestar la solidaridad con las víctimas, sus familiares y personas allegadas, así como ofrecer una respuesta unificada, coordinada y contundente ante la confirmación de cada asesinato por violencia de género por parte del Gobierno de España.
El compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas se proyecta, asimismo, en el ámbito internacional, a través de la política exterior feminista. La lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas ha sido una prioridad de la Cooperación Española desde hace décadas, siendo nuestro país un referente en cuanto a apoyo a políticas e instituciones que luchan para erradicarla, a través de organismos multilaterales (ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas), y mediante nuestra acción humanitaria, la cooperación bilateral y proyectos e iniciativas de las ONGD y la sociedad civil. La aprobación en julio de 2024 del nuevo Plan Director de la Cooperación Española supone una renovación del compromiso del Gobierno de colocar la lucha global contra este problema estructural en el centro de nuestra acción.
Para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es necesario promover cambios profundos desde el punto de vista social y cultural, para detectar y eliminar toda práctica que suponga una opresión hacia las mujeres o que refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos y libertades en condiciones de igualdad. Estos cambios deben basarse en una educación integral que fomente el respeto mutuo y la valoración de la igualdad
entre todas las personas.
La vergüenza no puede seguir estando de lado de quienes sufren la violencia, pues la responsabilidad es exclusivamente de los que agreden, acosan y humillan, y de quienes miran hacia otro lado, perpetuando el pacto de silencio que ampara estas conductas.
Es una tarea en la que debemos trabajar todas y todos, con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista y, en definitiva, con el conjunto de la sociedad. En especial, debemos agradecer y reconocer los esfuerzos de millones de mujeres que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, la academia o las instituciones, han contribuido a que nuestro país sea hoy, pese a todos los retos que aún tenemos pendientes, una referencia internacional en la lucha contra las violencias machistas.
La lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas forma parte del corazón de nuestra democracia, y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que el Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento, homenaje y acompañamiento a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están, a sus entornos familiares y sociales, y a todas las supervivientes. Mujeres y hombres compartimos una lucha común para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas y nadie debe ser ajeno a este esfuerzo colectivo que nos impulsa a construir una sociedad más justa y libre de violencia de género.
La lucha por erradicar la violencia de género es una causa compartida por mujeres y hombres, y nadie debe quedar al margen de este esfuerzo colectivo. Este compromiso nos impulsa a construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. En este contexto, España reafirma su dedicación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, trabajando incansablemente para erradicar todas las formas de violencia de género y fomentar una sociedad más igualitaria para todas y todos”
