Castilla y León | 21 de mayo de 2020. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros. Se trata de un esfuerzo económico imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector, que se encuentra muy atomizado, pero a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de nuestras ciudades y pueblos. Se trata de subvenciones a 235 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.

En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos. En definitiva, se trata de servicios públicos esenciales en el que el principal objetivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad en todo el territorio de Castilla y León.

Un servicio público quebrado por la crisis sanitaria

Con gran esfuerzo presupuestario se ha logrado mantener el sistema concesional titularidad de la Junta de Castilla y León, y con ello se ha logrado preservar el tejido empresarial del sector del transporte en situaciones de normalidad, que sin embargo la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 ha quebrado, amenazando de manera grave las concesiones de transporte regular de uso general y con ello el entramado empresarial y social a ellas vinculadas.

En el período de marzo, abril y mayo, la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma han producido en Castilla y León una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90%, a lo que hay que añadir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

Todas estas medidas adoptadas por la Administración sobre reducción de servicios, junto con las restricciones a la circulación de personas impuesta por la declaración del estado de alarma, tienen como consecuencia directa una minoración sustancial de los usuarios y una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95%, quedando afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero.

Nos encontramos ante servicios de transporte que se deben continuar prestando en atención al interés general y cuyo objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos, pero respecto de los que ha desaparecido cualquier posibilidad razonable de explotación comercial, siendo absolutamente deficitarios, en tanto que los ingresos procedentes de su explotación son insuficientes, no ya para obtener un razonable beneficio empresarial, sino siquiera para sufragar los costes fijos de explotación.

 

Un servicio público esencial en Castilla y León

La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano. Y de acuerdo con ello, las Administraciones Públicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico- financiera de dichos servicios.

Por todo lo expuesto, para asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera y teniendo en cuenta además la situación excepcional descrita de pérdida de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, procede compensar su déficit de explotación.

En concreto, se estima que el déficit de explotación ordinario de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2020 ascienda a 12.900.000 euros. A este importe hay que añadir un cantidad adicional que asciende a 4.185.027,74 euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera desde el 12 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Todo ello arroja un importe total de 17.085.027,74 euros, cantidad en la que se fija el gasto para la concesión de subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para el año 2020

Ahora bien, muy previsiblemente las medidas de limitación de ocupación y distanciamiento social en el transporte público y la reducción de la demanda que se producirá a lo largo de los meses siguientes, según la crisis de COVID-19 vaya evolucionando, provocarán un mayor déficit que el estimado hasta la fecha, lo que exigirá tramitar en su momento una petición para ampliar este gasto inicial.

 

La Junta pide al Gobierno fondos adicionales para apoyar el transporte de viajeros, cuya demanda ha caído al 90%

En el periodo de marzo y abril, la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma han producido en Castilla y León una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90%. Las estimaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente llevan a considerar que en lo que resta del año 2020 no se alcancen en nuestro territorio niveles demanda superiores al 60%, a lo que hay que añadir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

La Junta de Castilla y León espera que el esfuerzo económico realizado se vea acompañado por fórmulas extraordinarias de financiación a las Comunidades Autónomas (CCAA) desde el Gobierno de España, que debe de tener en cuento no sólo las ciudades, el transporte urbano y el metro, sino especialmente las necesidades del medio rural. Así se considera urgente poner a disposición de las CCAA fondos adicionales específicos para hacer frente al impacto económico derivado del COVID-19, pues está en juego el sistema concesional español, el tejido empresarial y social del transporte de viajeros en autobús y, con ello, todo el modelo de movilidad en transporte público existente en la actualidad y que tanto esfuerzo ha costado obtener.

Dichos fondos adicionales que deben dirigirse de manera urgente a paliar, en primer lugar, la difícil situación de liquidez en que se van a encontrar de manera inmediata los operadores del transporte metropolitano o periurbano en cuanto se produzca el inicio del retorno gradual a la actividad económica. Por ello, la importancia de concretar, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fórmulas precisas de financiación al transporte metropolitano, cualquiera que sea la estructura administrativa o configuración jurídica de dicho transporte. Financiación adicional que debe alcanzar a todo el transporte metropolitano, aunque presente otras estructuras diferentes a la consorcial, ya sean planes coordinados de transporte, convenios interadministrativos u otras fórmulas específicas de organización territorial.

La importancia del transporte a la demanda en el medio rural

Dichos fondos deben contemplar la ruralidad de los distintos territorios y la esencialidad del transporte rural y, de modo fundamental, modelos de gestión como el transporte a la demanda que permiten la conexión de los núcleos de población con los centros sanitarios y demás servicios esenciales que serán determinantes en la desescalada como “centinelas sanitarios” de una población envejecida y, por ello, con unos menores niveles de motorización privada.

En definitiva, la pandemia no puede romper el modelo de movilidad que con grandes esfuerzos se ha implantado en Castilla y León, ni debe servir para acabar con el consenso alcanzado entre todos -hace unos meses durante la Cumbre del Clima- sobre el futuro de la movilidad que queremos para nuestros territorios: una movilidad basada en el transporte público y en el sistema concesional español como garante de la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre el mundo urbano y el rural.

 

Castilla y León supera los 25.000 casos de COVID-19

La Comunidad de Castilla y León registró este jueves 60 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, lo que sitúa su número actual en 25.038; de esa cifra, 18.661 corresponden a confirmaciones por PCR.

Estos 60 nuevos casos son positivos declarados atendiendo a la nueva definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2, adoptada por la Autoridad sanitaria nacional, una vez iniciada, el pasado 11 de mayo, la llamada Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19, referida en  la Orden SND 404/2020; de ellos, 43 son nuevos y diecisiete corresponden a casos declarados anteriormente a esa fecha.

El número de pacientes dados de alta se acerca a los ocho mil, exactamente 7.970, con 43 nuevas alta desde ayer; por su parte, los fallecidos son 1.971, con cinco nuevos decesos en el ámbito sanitario.

La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración castellana y leonesa (enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León )

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