El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes de junio sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico.
Consumo señaló entonces que perseguirá esta práctica que supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que se consideraría una práctica comercial desleal.
En base a estos preceptos, y retomando el convenio que se suscribió entre Consumo y la FEMP para desarrollar un marco común de colaboración en la protección de los consumidores, la Dirección General de Consumo ha enviado una carta a esta federación para ofrecer a las ciudades españolas que puedan unirse a las acciones emprendidas por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy para poner fin a la publicidad de alojamientos turísticos sin licencia. Esta acción llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, pesquisas que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos. Por esta razón, Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas.
La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Por otra parte, Consumo señala en su carta a la FEMP el «importante impacto en el modelo de ciudad» que tienen las viviendas turística y «la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones» para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector «que profundiza en la habitabilidad de las ciudades».
