Castilla y León | 5 de febrero de 2021. La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha aprobado en la reunión celebrada ayer jueves la propuesta de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) lo que, de hecho, supondrá un gravísimo problema de gestión para las cuatro Comunidades Autónomas que albergan más del 95% de los lobos de España y que han rechazado de forma unánime la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Junto al Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, se han opuesto a las pretensiones del Ministerio Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra ha solicitado que la decisión se dejase para una ocasión posterior, a la búsqueda de los necesarios consensos, renunciando a participar en la votación, la misma postura adoptada por la Comunidad Valenciana. Ceuta no ha podido participar en la votación por problemas de comunicación durante la videoconferencia.

En una segunda y definitiva votación, ocho comunidades se han mostrado en contra de la propuesta del Ministerio y ocho a favor, entre ellas algunas Comunidades que nunca podrán tener al lobo en su territorio, ni enfrentarse a su gestión, por razones meramente geográficas. Finalmente, el voto a favor de su propia iniciativa del representante del Ministerio en la Comisión, ha llevado a la propuesta de inclusión del lobo en el Listado.

Sin embargo, en una primera votación que se había saldado con empate a 7 votos, 3 abstenciones y dos comunidades que no quisieron participar en la votación, el Ministerio pretendió usar el voto de calidad que presidente de la Comisión para inclinar la balanza a favor de sus pretensiones, algo que los propios servicios jurídicos del Ministerio rechazaron, de igual forma que no consideraron adecuado, como pretendió en una primera instancia el Secretario de Estado de Medio Ambiente, presente en la reunión, que la decisión final ante el empate la adoptase la Ministra Ribera.

Los directores generales de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León en sus intervenciones a lo largo de la Comisión Sectorial, pusieron de manifiesto que por vez primera en la larga historia del funcionamiento de esta Comisión y del Comité Técnico y de los Grupos de Trabajo dependientes de la misma, un Ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas Comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie.

Las cuatro Comunidades se han opuesto a la pretensión del Ministerio desde el primer momento en que se planteó el informe del Comité Científico, y lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos que tanto el Estado como las Comunidades nos hemos dado para llegar a los necesarios consensos: Grupo de Trabajo y Comité de Flora y Fauna Silvestre. Y lo han hecho basándose en informes técnicos y científicos que merecen el máximo respeto. Durante la reunión de la Comisión Sectorial, ni el Ministerio ni ninguna de las Comunidades Autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León han enviado al Ministerio y a las demás Comunidades.

El único aval científico que en su día presentó el Ministerio fue en el informe de un Comité Científico que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso de catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración ya que las poblaciones de lobo en España está acreditado técnica y científicamente que han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma muy importante en los últimos 20 años. Sorprendentemente, y sin ningún criterio que tenga que ver con la conservación o la gestión de la especie, ese mismo Comité sí recomienda que el lobo sí sea incluido en el Listado de Especial Protección por “su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas”, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando nuestras Comunidades y que, de hecho, se recogen en nuestros planes de gestión.

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos muy similares a los expuestos por las cuatro Comunidades: por no corresponder con la situación real y la evolución de las poblaciones y por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva muy amenazada por el fuerte incremento del lobo.

Desde los Servicios Jurídicos de las cuatro Comunidades se analizarán las circunstancias que han rodeado esta sesión de la Comisión Estatal y el propio acuerdo adoptado, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir que una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico. Además, han manifestado que esa decisión, de llevarse a término, puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, especialmente, de gestión cinegética de las Comunidades Autónomas cuando la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión, además de suponer un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento.

Los consejeros de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León han expresado su profundo malestar con la actitud de la Ministra Ribera y del Secretario de Estado Morán que ni siquiera han respondido a su solicitud de celebrar reuniones al más alto nivel para tratar ese asunto. Lamentan la falta de diálogo y consenso por parte de los representantes del Ministerio y a la vez denuncian la debilidad de esta decisión alcanzada por una mayoría muy ajustada y nada representativa en cuanto a presencia del lobo en las diferentes Comunidades. Los consejeros han recordado que son precisamente sus Comunidades las que hoy, como en las últimas décadas, son y han sido las auténticas garantes de la conservación del lobo y responsables de la gestión de un conflicto en el que los principales afectados, que son los ganaderos y nuestras zonas rurales, al parecer no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio que también dice afrontar el “reto demográfico” que sí parecen tener ciertos lobbys ecologistas y animalistas.

La postura que hoy ha defendido el MITECO va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo Ministerio con el consenso de todas las Comunidades en unos tiempos en los que la especie era menos muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones de las Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, los representantes de las cuatro Comunidades Autónomas, requieren al Ministerio para que abandone la política de imposición de una iniciativa que daña gravemente a los intereses generales de las ciudadanas y ciudadanos de nuestras Comunidades, en unos momentos en los que lo que procede no es dañar a nuestro castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido.

 

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad propone incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que ya no será especie cinegética

La propuesta supone homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional, equiparando las poblaciones al sur y norte del Duero, y que deje de ser considerada especie cinegética Se atiende así al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”. La votación para incluir a la tórtola en el Catálogo de Especies Amenazadas se ha saldado con un empate técnico de las Comunidades Autónomas que apoyan la medida y las que no, y algunas han propuesto una moratoria a la caza

Madrid 5 de febrero de 2020- La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano participativo en materia de biodiversidad en el que están representadas la Administración general del Estado y las Comunidades Autónomas, ha propuesto incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional y que deje de ser considerada especie cinegética. Hasta el momento, tan sólo las poblaciones al sur del Duero estaban incluidas en el listado y las del norte eran consideradas en algunas comunidades autónomas como piezas de caza.

Por su parte, la votación para incluir a la tórtola, una especie que ha sufrido un declive muy importante en las últimas décadas, en el Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable no ha contado con el apoyo mayoritario de las Comunidades Autónomas, si bien muchas han expuesto una propuesta alternativa consistente en declarar, a nivel nacional, una moratoria a su caza hasta lograr su recuperación poblacional y poner marcha un plan de recuperación de la especie.

Atender al dictamen científico

Con esta propuesta de inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se atiende al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”.

El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias Comunidades Autónomas y que el número de éstas se haya incrementado  en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre.

Tras la decisión de la Comisión Estatal, se aprobará próximamente una orden ministerial por la que todas las poblaciones del lobo españolas queden incluidas en el Listado.

Asimismo, una vez resuelto el estatus legal del lobo, en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo en España, que actualice la aprobada en 2005. El objetivo de este documento será lograr la conservación, gestión y restauración de poblaciones viables de lobos como parte integral de los ecosistemas españoles, a la vez que sea segura la coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita.

En cuanto a la tórtola, la mayoría de las Comunidades Autónomas considera pertinente, dado su importante declive poblacional en las últimas décadas, que se suspenda la actividad cinegética hasta que la población se recupere. En este sentido, algunas Comunidades Autónomas realizaron aportaciones con medidas destinadas a la recuperación de la especie, que el MITECO incorporará en su línea de trabajo. También se considera necesario que, complementariamente, se ejecute de inmediato un plan de gestión nacional para mejorar su hábitat de alimentación y reproducción.

 

Cs CyL denuncia la imposición de un ‘falso ecologismo’ en el acuerdo para detener la caza del lobo al norte del Duero

La formación naranja señala que no hay datos empíricos que justifiquen la prohibición de las batidas en las CCAA que conviven con el cánido.

Valladolid, 5 de febrero de 2021. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha denunciado la imposición del enfoque ideológico de ‘falso ecologismo’ en el acuerdo suscrito hoy entre el Gobierno y algunas Comunidades Autónomas, por el que se incluye al lobo ibérico en el catálogo de especies de protección especial y, por tanto, se prohíbe su caza en todo el territorio español.

La formación naranja ha criticado que el Ministerio de Transición Ecológica haya aprovechado una votación errática y caótica – se excluyó a la Ciudad Autónoma de Ceuta – para imponer un ideario que nada tiene que ver con la protección del cánido y sí con una mala interpretación del ecologismo y del equilibrio en los ecosistemas naturales.

En opinión del partido liberal, no hay datos empíricos que avalen esta decisión. De hecho, las zonas en las que actualmente se permite la caza del Canis Lupus, su población se ha recuperado en los últimos años, hasta el punto de utilizarse esos ejemplares ‘norteños’ para repoblar la mitad sur del país.

El procurador de Cs por León, Javier Panizo, ha criticado “la concepción urbanita y desconectada de la realidad” que ha guiado al Gobierno en las votaciones en La Comisión de Patrimonio Natural y en la que las regiones que conviven con estos animales – el 60,2% de la población lupina se encuentra en territorio castellano y leonés – “han sido silenciadas”.

“Castilla y León, donde se pueden cazar estos animales al norte del Duero, ha convivido durante años con estos animales y pese a ello, la población de lobos ha crecido, así como los ataques a la ganadería. Desde el Gobierno se equivocan cuando quieren proteger a los cánidos a costa de los ganaderos, la economía y la población del medio rural”, ha afirmado.

Panizo, además, ha recordado a los procuradores socialistas que, en las Cortes de Castilla y León, lejos de oponerse a la caza del lobo, “prefirieron abstenerse y no mojarse en una práctica que mantiene el equilibrio natural y permite mantener la vida y la economía del medio rural”.

ASCEL lleva a los Tribunales al Ministerio ecológico de Teresa Ribera por no proteger al lobo

Ante la negativa (por silencio administrativo) del Gobierno Central a proteger al lobo, ASCEL se ve obligada a interponer un Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el Ministerio de la Transición Ecológica de Ribera. La protección surge de nuestra iniciativa (pionera en España y fechada ya en octubre de 2019), que avalaba técnica y legalmente la protección nacional del lobo, propuesta que tuvo el respaldo unánime de un Comité Científico en 2020. Desde entonces, el Ministerio no ha cumplido sus obligaciones, con el burdo pretexto de la oposición de las Comunidades Autónomas.

ASCEL inició en octubre 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable, o —en su defecto— en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011).

El Ministerio retiró la cuestión (dentro del trámite reglado) en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas, a pesar del previo Dictamen del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable (y unánime) para incorporar al lobo en el RD 139/2011. Ese paso por dicha Comisión es requisito sine quaen non para tramitar en el BOE la inclusión del lobo en el listado protegido. Ello obliga a ASCEL, como entidad promotora, en tiempo y forma, a reclamar ante nuestros Tribunales, por medio de un Recurso Contencioso-Administrativo, la incorporación del lobo como especie protegida en todo el territorio nacional, presentando Demanda contra el Ministerio presidido por Teresa Ribera.

Es preciso incidir en la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno. Sí se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno. Pero el trámite nunca se completó, y la orden no se firmó. Por tanto, cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el Boletín Oficial del Estado es engañar a la ciudadanía y prolongar sine die una decisión que solo compete al Gobierno Central. Y sin publicación en el BOE no hay protección de lobos, perpetuándose el actual modelo de gestión autonómico basado en la caza y control poblacional, que contribuye al Desfavorable e Inadecuado estado de conservación de nuestra población de lobos, como ha acreditado la Unión Europea.

El lobo es el único gran carnívoro terrestre de nuestra fauna que no está estrictamente protegido (como el oso pardo y el lince ibérico) en el RD 139/2011. Estamos pues, en ASCEL, obligados a demandar en los Tribunales que una especie clave para la salud ambiental de España ocupe su lugar, y ello lo hacemos denunciando a quienes se niegan a atender a sus obligaciones, de oficio, desde hace décadas, para proteger al lobo, ya sean empleados públicos o autoridades.