Las recientes cancelaciones de los Vive Festival de Salamanca y León evidencian que resulta imprescindible un cambio normativo que haga indispensable la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
Fotografía: Martínezld
Tras las cancelaciones de los Vive Festival de Salamanca y León debido a, según ha informado ahora su promotora, Music Mood SL, el quiebre de la organizadora, FACUA-Consumidores en Acción vuelve a insistir en la necesidad de aprobar con urgencia un cambio normativo que obligue a las empresas a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra su cierre.
Numerosos usuarios que tenían previsto acudir al festival de Salamanca, que se iba a celebrar el próximo viernes 8 de septiembre, están acudiendo a la asociación para trasladarle que la organización ha anunciado la cancelación del evento. Preguntada por el proceso de devolución del dinero de las entradas, la empresa se ha limitado a informarles de que «lamentamos comunicarle que ante la imposibilidad de atender el cumplimiento de sus obligaciones tras la suspensión de los dos festivales que se iban a celebrar en León y Salamanca Music Mood SL se ha visto obligada a solicitar la declaración de acreedores».
Y continúa: «Será, por tanto, el Administrador Concursal en su caso designado quien habrá de determinar cómo proceder con la devolución de las entradas en orden de salvaguardar los intereses de todos los acreedores». La edición de León tenía previsto celebrarse en junio, pero fue igualmente cancelada, aunque sin explicar en aquel momento los motivos.
Así, FACUA aconseja a todos los afectados por la cancelación del festival que reclamen a la promotora la devolución del dinero de las entradas y, en su caso, esperen a la declaración del concurso de acreedores para comunicar su crédito (el importe de las entradas) al administrador concursal que sea designado, así como cualquier otro tipo de daño y perjuicio
Seguro de responsabilidad civil obligatorio
FACUA recuerda que lleva años reclamando a las distintas fuerzas políticas que se pongan de acuerdo para, mediante ley, obligar a las empresas a que tengan un seguro de responsabilidad civil proporcional a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones por daños y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo. La última ocasión, con motivo de las pasadas Elecciones Generales del 23 de julio.
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 preveía que el Gobierno desarrollase la regulación de dichos seguros y el fondo de depósito, pero casi cuarenta años después sigue sin aprobarse.
La asociación señala que, en 2019, expuso en una reunión a Alberto Garzón, actual ministro de Consumo en funciones y por aquel entonces en la oposición como diputado y coordinador general de Izquierda Unida, esta y otras reivindicaciones necesarias para desarrollar la legislación vigente.
De este modo, FACUA critica que todavía no se haya llevado a cabo el desarrollo de la normativa vigente para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares de insolvencia como la de Music Mood SL o casos como los de Magrudis o los cierres de diferentes clínicas odontológicas.
Este caso vuelve a poner de relieve la necesidad de impulsar este desarrollo normativo lo antes posible. Por ello, la asociación insiste en pedir tanto al Ejecutivo actual como al que quede configurado tras la investidura del próximo Presidente del Gobierno que ponga en marcha de una vez estas mejoras.
FACUA recuerda que el Gobierno tiene la capacidad de llevar a cabo esta ampliación de la norma desarrollando mediante Real Decreto Ley lo dispuesto en el artículo 131 del Real Decreto Legisaltivo 1/2007: «El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, podrá establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de los daños causados por bienes o servicios defectuosos y un fondo de garantía que cubra, total o parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales».
