Los representantes autonómicos -entre ellos el Consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones- tachan de “improvisada y enrevesada” esta medida y lamentan que el Gobierno central no haya contado con su opinión antes de aprobarla. Denuncian que se limite capacidad de acción de las comunidades y que se les obligue a asumir su “modelo de vivienda de subvención”.
Castilla y León | 10 de marzo de 2022. Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León, hacen un frente común para solicitar al Gobierno central que modifique la normativa del Bono Joven para “dar seguridad jurídica a los jóvenes que quieran acceder a esta ayuda, así como a las comunidades que tienen que gestionarla”. Así lo expusieron hoy los representantes autonómicos durante la reunión de la Conferencia sectorial de vivienda y suelo convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los responsables de vivienda de estas comunidades -Juan Carlos Suárez-Quiñones, Marifrán Carazo, Ángeles Vázquez, Paloma Martín y José Ramón Díez de Revenga- requirieron al Ministerio que concrete la definición de esta medida para “evitar su maraña burocrática” en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.
Consideraron “improvisada y enrevesada” la puesta en marcha del Bono Joven por parte del Gobierno central y lamentaron que no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida. “Salió adelante con contactos mínimos e imposiciones máximas”, dijeron.
Asimismo, reiteraron algunas de las cuestiones ya planteadas en la anterior conferencia sectorial “al seguir considerando que se trata de un modelo que generará un efecto inflacionista claro en los alquileres y no resolverá el problema”. Del mismo modo, solicitaron que se aclararan aspectos clave del bono joven tales como el procedimiento de gestión, los supuestos en los que se comparte piso, entre otros.
Avanzaron que, “tal y como está diseñado, va a ser demasiado complejo” y advirtieron que “los fondos estatales llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones autonómicas debido al galimatías administrativo que nos trasladan a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos”.
Los representantes de estas cinco autonomías también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes. Además, dijeron, “entendemos que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas”.
“El Ministerio no ha cesado de crear falsas expectativas: anunció esta medida a comienzos de octubre de 2021, la aprobó en enero y los fondos, cinco meses después del primer anuncio, aún no fueron trasferidos”, incidieron los responsables autonómicos, que recordaron que esta ayuda apenas llegará a poco más del 1 % de sus posibles beneficiarios.
Plan de vivienda “ideológico”
Los representantes autonómicos reprocharon al Gobierno central que no haya recogido sus propuestas en el nuevo Plan de Vivienda 2022-2025, que calificaron de “ideológico y que únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte donde se ha aplicado”.
Solicitaron que se respete escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y que dé libertad a los gobiernos autonómicos para adecuar los programas de vivienda a las necesidades de cada territorio “sin imponer modelos ni programas”.
Asimismo, denunciaron que no hayan tenido más participación en la definición y condiciones de los diferentes programas del nuevo Plan de Vivienda y denunciaron que, a pesar de ser cofinanciado, el Plan impone que un 20 % de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas y elimina otros que estaban dando buenos resultados.
“Y, para complicarlo aún más, condicionan las ayudas entre sí, con lo que se limita totalmente la capacidad de decisión y la libertad de elección entre los programas a las comunidades, así como dificulta su gestión, con el objetivo de imponernos su modelo de vivienda de subvención”, manifestaron.
“Es una hoja de ruta igual de intervencionista que la Ley de vivienda, en la que tampoco existió diálogo alguno”, aseguraron. A este respecto, lamentaron profundamente que la ministra no hubiera convocado hace meses una o varias reuniones de dicha conferencia para abordar el texto de una Ley con tantas y tan graves consecuencias.
Asimismo, manifestaron que la regulación estatal aprobada invade competencias autonómicas porque de facto “hace política de vivienda al exigir la implantación de algunos programas que, en muchos casos, choca con la legislación autonómica”.
