Hace un llamamiento a todos los partidos para que, mediante el diálogo, lleguen a acuerdos de actualización de la Carta Magna y la superación de hipotecas que arrastramos desde la Transición. El reto para la izquierda no es solo mejorar su contenido, sino lograr que éste se cumpla.
Fotografía: Congreso de los Diputados
Madrid. 5 de diciembre de 2018. «Ante el 40 aniversario de la Constitución española, Actúa quiere romper una lanza en favor de nuestra ley primera, que rubricó la muerte del franquismo y el renacimiento de la democracia. Supuso un cambio radical en la historia política de este país, marcada por breves períodos constitucionales ahogados por una historia oscura de cuarteles, pronunciamientos, golpes, ruido de sables y guerras civiles. Una lanza favorable que deja espacio a la reforma necesaria del texto, obsoleto en algunos aspectos y necesitado de adaptación al nuevo contexto social», señala en un comunicado hecho público ayer por esta formación
Indican además que «No hay que olvidar nunca las difíciles condiciones en que se hizo nuestra Constitución: Franco murió en la cama, pero la dictadura en la calle, en medio de una galerna de huelgas y un rastro de sangre. Ahora, 37 años después del 23-F, el 2-D en Andalucía han reaparecido residuos ideológicos del pasado que aún perviven en el mismo empeño de aniquilar los derechos, las libertades y las comunidades autónomas consagradas en nuestra Carta Magna».
Actúa continúa diciendo «40 años después, sobran ruido y furia, secuestro patrimonial y descalificación. Se echa en falta una zona templada de discursos compartidos. Hubo quienes no la votaron y se presentan hoy como sus defensores, vetando su mejora; quienes no la votaron y siguen combatiéndola, utilizando eso sí, sus garantías; y quienes, desde una imaginaria posición adanista, pretenden destruirla para crear de la nada otra nueva, sin que expliquen las mayorías con las que cuentan para lograrlo».
El resto del comuniado señala «Cuatro décadas de vida han modificado el rostro de nuestra sociedad. La España de 2018 es básicamente distinta a la de 1978. El transcurso del tiempo ha dejado obsoletas algunas piezas del texto constitucional. Por otra parte, las anunciadas reformas se han trocado en contrarreformas como la reciente del artículo 135, que antepone el pago de la deuda a las prioridades sociales.
El servicio militar ya no es forzoso y figura en la Carta Magna, por ejemplo. También conserva la preeminencia de la Iglesia católica sin garantizar la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Tampoco dice que España está formada por 17 Comunidades Autónomas, ni que pertenece a la Unión Europea.
El reto para la izquierda no es solo mejorar el contenido de nuestra Ley de leyes, sino que éste se cumpla. La degradación actual radica en el escaso uso que se ha hecho de ella por parte de los tres poderes del Estado. Baste recordar la afirmación constitucional de que la riqueza de nuestro país está subordinada al interés general y la posibilidad de reservar al sector público de recursos o servicios esenciales (art. 128); “el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 129); el derecho al trabajo y a la vivienda; el artículo 14 sobre la igualdad y no discriminación, que requiere ser completado con el principio de “a trabajo igual, salario igual” para que este sea “el siglo de las mujeres”.
Reformas tan evidentes como la necesidad de que el texto constitucional asuma un carácter inclusivo del que carece (género, diversidad funcional…); acabar con la inviolabilidad del rey; la mención expresa a Ceuta y Melilla; la reforma del Senado y la inclusión de nuestra pertenencia a la UE, propuestas enunciadas y relegadas ante la renuencia del principal partido de la oposición. El Título VIII ha sido objeto de comentarios de la más diversa índole. Nadie ignora que nuestra Ley Suprema dejó abierto el modelo de organización territorial del Estado, todavía imperfecto. Actúa propone su desarrollo en un sentido federal, del mismo modo que aboga por el federalismo europeo, sin olvidar el reforzamiento de la base jurídica de la autonomía municipal y la suficiencia financiera de los ayuntamientos.
Los derechos sociales básicos –entre ellos el derecho de huelga- y los servicios públicos requieren mayor blindaje, como se ha demostrado en el intento de vaciarlos de contenido en esta última década con el pretexto de la crisis. Los derechos de tercera generación, como los relacionados con la protección del medio ambiente, deberían aparecer de forma más nítida. Los avances científicos deberían ser valorados con la plasmación de nuevos derechos en materia de bioética, muerte digna o protección de la intimidad en el mundo de los ordenadores, las bases de datos y del “hombre de cristal”.
Fotografía: Congreso de los Diputados
Hay muchas propuestas dignas de consideración en materia de regeneración democrática, como la mejora de la calidad de nuestra democracia, aumentando la transparencia y la participación ciudadana, reforzando las incompatibilidades y eliminando los aforamientos abusivos. La forma de Estado de la izquierda sigue siendo la republicana. Pero no hay razón suficiente para tocar los pilares del edificio constitucional. Reformar no comporta abrir en canal la Constitución, entre otras cosas porque con la actual correlación de fuerzas, probablemente se perdería parte de su contenido progresista. La Constitución fue un punto de encuentro entre fuerzas políticas y sociales que, trascendiendo intereses contrapuestos, fueron capaces de alcanzar un acuerdo en aras del bien común. Por ello, toda reforma es delicada en orden a su trascendencia, y su acometida debe ser alejada de cualquier criterio partidista unilateral.
Actúa considera que la Constitución no es intocable, se puede y debe reformar. La petrificación de un sistema constitucional y su incapacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes incrementa el riesgo de ruptura o su vaciamiento y, por tanto, su inutilidad.
Bien es cierto a raíz de las turbulencias generadas por la crisis catalana, la reforma de la Constitución es ahora más difícil. La cuestión catalana ha dejado la puerta abierta tanto al rebrote de centralismo como a nuevos intentos de secesión. Los partidos que se oponen a la independencia de Cataluña, defienden la Constitución de 1978. Lo que pasa es que para uno, el PSOE, la mejor forma de defenderla es reformándola parcialmente; el PP no quiere tocarla; UP quiere derogarla por completo y sustituirla por otra de nueva planta; y Ciudadanos, depende, aunque más bien no».
Y finaliza el comunicado diciendo que «Ante posturas tan divergentes, tiene sentido abordar el debate a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”, reformar a partir de lo establecido, mejorar lo que requiere actualización. Y esta tarea implica diálogo y acuerdos. Dialoguemos para mejorarla en aquello que sea necesario para hacer frente a los nuevos asuntos y contextos internos e internacionales. Si algo debe ser superado, rectifiquemos. Para ello hay que decir con precisión qué se quiere modificar; debe contar con el acuerdo de derechas y de izquierdas y, desde luego, con el apoyo de la mayoría del pueblo español, que es el único soberano».
