Las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación y las universidades públicas y privadas de la Comunidad se unen para acorralar a la violencia de género en las aulas y habilitan mecanismos para que el propio ámbito educativo sea canal de detección de situaciones de violencia de este tipo, con procedimientos de prevención, detección, atención, orientación, seguimiento y canalización de las víctimas que pertenezcan a la comunidad universitaria, con el apoyo de los Servicios Sociales. Todas estas actuaciones suponen un nuevo paso en la implantación del modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Cerca de un 20 % de las mujeres de Castilla y León registradas como víctimas en el sistema de información de Servicios Sociales tienen entre 18 y 30 años y, en 2016, un 25,5 % de las mujeres atendidas por los distintos servicios de este sistema estaban en esa misma franja de edad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el consejero de Educación, Fernando Rey, han firmado con las universidades públicas y privadas de Castilla y León un Protocolo Marco de actuación ante situaciones de violencia de género en las universidades de Castilla y León, a lo que se sumarán otras actuaciones coordinadas con medidas concretas de promoción, sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el entorno universitario.
Por parte de las universidades han firmado el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández; el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel; el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García; el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez; la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian de las Mercedes; la rectora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, Mª del Rosario Sáez; el rector de la Universidad IE University de Segovia, Salvador Carmona; la rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, Imelda Rodríguez, y el rector de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Alberto Gómez.
Los datos actuales revelan que un porcentaje considerable de jóvenes tienen percepciones erróneas en materia de igualdad y que existe falta de percepción de la violencia de control y la asunción de peligrosos estereotipos machistas. Un ejemplo es la reciente encuesta ‘IgualesUVA’, que refleja que casi el 55 % de los universitarios encuestados no sabe definir correctamente la violencia de género. Según la encuesta 2015 de la Delegación del Gobierno, el 21 % de las mujeres de entre 16 y 24 años sufren violencia psicológica de control en mayor medida que el total de las mujeres de cualquier edad.
La unión de esfuerzos entre la Junta y las universidades de Castilla y León pretende acorralar a la violencia de género desde el ámbito universitario. En este sentido, hoy se ha firmado un protocolo de actuación para que las universidades puedan desempeñar una labor de detección y apoyo en situaciones de violencia de género respecto de alumnas, profesoras y personal de administración y servicios, con el apoyo y en coordinación con los Servicios Sociales de Castilla y León, con independencia de que hayan sido cometidos en espacios universitarios o fuera de ellos por otros miembros de la universidad o por personas ajenas a la misma. Fruto de este acuerdo entre Junta y universidades se establece un procedimiento de prevención, detección, atención, orientación, seguimiento y canalización de las víctimas de violencia de género que pertenezcan a la comunidad universitaria.
Unidades responsables del procedimiento en violencia de género
Para la puesta en marcha de este protocolo, en cada universidad existirá una ‘unidad responsable’ de llevar a cabo las actuaciones en materia de violencia de género, en coordinación con los Servicios Sociales. Esta unidad responsable del procedimiento tendrá entre sus funciones la de difundir unas pautas básicas para detectar actos o identificar víctimas de violencia de género para que otros miembros de la comunidad universitaria puedan conocerlas y actuar en consecuencia; garantizar la atención inicial e inmediata a las víctimas de violencia de género; orientar y canalizar a las víctimas a los recursos adecuados a sus necesidades existentes en el sistema de Servicios Sociales; registrar los casos de los que tenga conocimiento con la debida confidencialidad y desarrollar tareas de sensibilización y prevención de la violencia de género entre los miembros de la comunidad universitaria.
De esta forma, la unidad responsable del procedimiento mantendrá una actitud proactiva en la detección precoz de las situaciones de maltrato, ya que se encuentra en una posición privilegiada para detectar estas posibles situaciones, permitiendo prevenir sus secuelas más negativas e incluso impidiendo que lleguen a límites que pongan en grave peligro la vida de las mujeres. La participación de la mujer afectada en este procedimiento será voluntaria. Toda alumna, profesora o mujer del personal de administración y servicios que considere que están ejerciendo sobre ella violencia de género podrá dirigirse a la unidad responsable del procedimiento de su universidad para obtener ayuda y asesoramiento.
Desde la unidad responsable del procedimiento, en esos momentos iniciales se informará a la víctima de la confidencialidad de sus actuaciones, se escuchará el relato de los hechos que efectúe y, cuando la situación lo requiera, propondrá al órgano universitario que corresponda las medidas urgentes de protección para la víctima. Se podrán solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro para asegurar la atención, protección y seguridad de la presunta víctima de violencia de género, en particular de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria o se sospecha su existencia aunque no resulten visibles, se llevarán a cabo las gestiones oportunas para garantizar la atención médica de la víctima.
Si la unidad constata indicios de violencia de género, informará a la víctima de los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico y de los recursos asistenciales existentes. Si la universidad dispone de servicios de atención jurídica, psicológica o de otro tipo que puedan ayudar a la afectada a superar su situación y esta esté interesada en los mismos, la unidad se pondrá en contacto con tales servicios para agilizar el acceso. Remitirá el caso al CEAS correspondiente al lugar de residencia de la víctima para que pueda continuar el proceso de atención y poner a su disposición los servicios que correspondan.
Si el supuesto agresor es miembro de la comunidad universitaria, propondrá al órgano competente la puesta en marcha de los mecanismos internos oportunos, sin perjuicio de los procedimientos previstos legalmente. Asimismo, si se trata de un trabajador de la universidad, podrá proponer medidas provisionales relativas a las condiciones de trabajo de las personas implicadas mientras se tramitan los procedimientos pertinentes, conforme a las disposiciones que a tal efecto contemple la legislación española y autonómica vigente.
Otras actuaciones para llevar la igualdad a los más jóvenes
El acuerdo firmado entre la Junta y las universidades de Castilla y León desarrolla también otras líneas de actuación centradas, por un lado, en la promoción de la igualdad y la sensibilización en valores de igualdad, tolerancia, respeto y no violencia y, por otro lado, en la importancia de la formación especializada en materia de igualdad. Concluye con un apartado especial dirigido a la lucha contra la violencia de género.
Respecto a la promoción de la igualdad, se recogen medidas como promover la implantación de la igualdad de género en todas las políticas universitarias adoptadas por la Administración educativa; actualizar y evaluar el Plan de Igualdad de la Universidad o realizar un informe anual de las actuaciones llevadas a cabo en esta materia.
Las actuaciones propuestas en materia de sensibilización e información abordan la colaboración continua para lograr que la Universidad sea un foro permanente de debate y reflexión; el fomento de la participación de los estudiantes en el desarrollo de acciones de igualdad y prevención de violencia de género, o concienciar y sensibilizar al profesorado sobre la importancia de inculcar a los estudiantes valores de igualdad y prevención de la violencia de género.
Por último, se potencia el área de formación, con el impulso a la inclusión de contenidos de igualdad y contra la violencia de género acordes con las competencias, objetivos y contenidos propios de cada titulación; la elaboración de textos de apoyo o materiales didácticos encaminados al impulso de la igualdad de género y lucha contra la violencia de género; o el desarrollo de programas de formación continua y especializada en materia de igualdad y violencia de género dirigidos a estudiantes y docentes para aquellas titulaciones cuya actividad profesional tiene mayor repercusión en su erradicación y en la atención a las víctimas, como como son los ámbitos de la educación, la sanidad, los medios de comunicación o el derecho y preparar a los alumnos en el respeto de la igualdad para su adecuada incorporación al ámbito laboral.
