La actualización de este Real Decreto estipula que empresas de hospedaje, de alquiler de coches y operadores turísticos intermediarios deberán facilitar de manera telemática información de los clientes a un nivel de detalle que ni poseen por la documentación de las reservas y los DNI
Madrid, 23 de septiembre de 2024.- La Mesa del Turismo de España reclama al Gobierno la suspensión de la entrada en vigor, el próximo 1 de octubre, de la modificación del Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, dada la imposibilidad de cumplimiento de la norma para las empresas turísticas y potencial conflicto con la Ley de Protección de Datos.
“Comprendemos que el Ministerio de Interior y la Policía precisan de mecanismos de control para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, pero éste no es argumento para exigir a golpe de decreto que miles de empresas se vean abocadas al caos administrativo y a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con las nuevas obligaciones del registro documental de viajeros”, declara Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
La actualización de este Real Decreto estipula que empresas de hospedaje, de alquiler de coches y operadores turísticos intermediarios deberán facilitar de manera telemática información de los clientes a un nivel de detalle que ni poseen por la documentación de las reservas y los DNI, ni se entiende cabalmente que sea su papel recabar, previendo además sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción.
También los propios ciudadanos se verán afectados por la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, ya que derivará en farragosos procedimientos de reserva. Es posible, incluso, que muchos viajeros se sientan reacios a facilitar determinados datos personales y prefieran optar para sus vacaciones por otros destinos internacionales más friendly a la hora de reservar sus servicios turísticos.
Por si todo esto fuese poco, teniendo en cuenta que se manejan datos personales e información sensible, desde emails de contacto a tarjetas bancarias, existe un elevado riesgo de colisión con la Ley de Protección de Datos, que es una normativa muy estricta en España.
En definitiva, a una semana de la entrada en vigor del Real Decreto, y ante la amenaza del caos administrativo que puede desatarse, el sector turístico no entiende la persistencia del Gobierno en hacer oídos sordos a las razones esgrimidas por prácticamente todas sus patronales sectoriales, que le han comunicado expresamente la inviabilidad del Real Decreto. Como también lo han hecho las asociaciones de ámbito europeo (ECTAA, Hotrec, ETOA…), posicionándose en la misma línea.
«Es incomprensible que el Gobierno no escuche a los profesionales y empresarios del turismo, a quienes están en las dinámicas reales del día a día, y que imponga sin consulta alguna una norma que les impacta de lleno, tanto a ellos como a sus clientes», critica el secretario general de la Mesa del Turismo, lamentando la “reiterada insensibilidad hacia el primer sector de la economía española”.
Sumándose a todas las organizaciones y patronales sectoriales que en las últimas semanas han manifestado su queja, la Mesa del Turismo lanza un último llamamiento urgente al Gobierno para que reconsidere la normativa, revoque la actualización del Real Decreto y se siente a dialogar con el sector privado para encontrar soluciones alternativas y viables.
