Castilla y León | 29 de diciembre de 2022. La Junta de Castilla y León ha acordado aplicar una bonificación adicional del 20 %, con fondos propios, al precio de los abonos transporte y títulos multiviajes, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en base al Real Decreto publicado ayer en el BOE, en el que el Gobierno se compromete a financiar el 30 % del precio del transporte público colectivo de titularidad autonómica o municipal, siempre y cuando las comunidades autónomas o los ayuntamiento asuman ese 20 % adicional, que permitirá alcanzar una bonificación total del 50 %

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha decidido aplicar esta medida sin conocer el presupuesto que el Gobierno destinará para financiar su parte del 30 % y sin haber recibido todavía el importe de la bonificación que se está aplicando desde el pasado 1 de septiembre, mediante el Real Decreto 11/2022, de 25 de julio. Ante esta situación, la Junta ha abonado a los concesionarios el importe comprometido por el Gobierno de España, correspondiente al año 2022, que aún no ha sido transferido a la comunidad. Desde la Consejería se considera que esta medida es “improvisada y caótica” y no ha tenido en cuenta ni la opinión de las comunidades autónomas ni del sector. La Junta considera que es imprescindible que el Gobierno adelante dicho importe a las comunidades autónomas, para que los concesionarios de la prestación de los servicios de transporte terrestre no se vean obligados a sustentarla, como ha ocurrido en el último trimestre.

Bonificaciones de la Junta

Esta bonificación del 20 % se suma a las que ya viene aplicando la Junta de Castilla y León en los abonos de transporte de su competencia, que van desde el 35% en los abonos del transporte metropolitano al 100 % del bono rural transporte a la demanda.

La implementación de todas estas medidas de bonificación se suma a los 38 millones de euros ya destinados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en el año 2022 para el sostenimiento del transporte de viajeros de su competencia en una clara apuesta por este servicio público esencial. Durante los últimos tres ejercicios presupuestarios, ese montante ha ascendido a más de cien millones de euros, lo que ha permitido garantizar, de un lado, la prestación del servicio de transporte público en condiciones de normalidad y, de otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.

 

El Gobierno financiará la rebaja del 30% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público a las CCAA y entidades locales que eleven el descuento hasta el 50%

El Estado aprueba las ayudas para reducir el precio del transporte público urbano e interurbano a viajeros habituales a las administraciones autonómicas y locales durante seis meses. El Gobierno destina 380 millones de euros a cubrir su parte de la rebaja en 2023 y las Comunidades Autónomas y las entidades locales deberán asumir el resto del coste de la medida con cargo a sus presupuestos. El transporte público colectivo será gratuito en Canarias y Baleares para los usuarios recurrentes a lo largo de 2023.  La medida, incluida en el Real Decreto ley aprobado en Consejo de Ministros, busca fomentar el uso del transporte público en la movilidad cotidiana y ayudar a la ciudadanía en un contexto de elevados precios de la energía y de los combustibles.

Madrid, 27 de diciembre de 2022 (Mitma). El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para promover una rebaja de al menos el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante el primer semestre de 2023. Así, las nuevas subvenciones están vinculadas a que las Comunidades Autónomas y las entidades locales se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.

Así, el Estado destinará 380 millones de euros para cubrir el coste de la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de forma que las comunidades autónomas y entidades locales deberán financiar, con cargo a sus propios presupuestos, la cuantía restante para compensar a las empresas y operadores de transporte terrestre. Es decir, las administraciones autonómicas y locales deberán financiar una rebaja de al menos el 20% entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023.

En este sentido, la regulación recoge mecanismos de flexibilidad para la aplicación de la medida durante el mes de enero, como la posibilidad de que, si la implantación efectiva se produce entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2023, se pueda habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la reducción. Por ejemplo, la administración podrá añadir al final del periodo (a partir de julio) el mismo número de días o semanas que no hayan tenido una bonificación del 50% en enero.

El objetivo de la iniciativa, incluida en el Real Decreto ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado hoy en Consejo de Ministros, es contribuir a aliviar el bolsillo de la ciudadanía ante el elevado precio de la energía, que afecta especialmente a la movilidad cotidiana, a la vez que se incentiva el uso del transporte público colectivo, un modo más seguro y sostenible.

Se trata de una medida en la que todas las administraciones competentes han de estar implicadas, que fomenta el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada, como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el coche particular, y reduce su coste para la ciudadanía en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios de la energía y los combustibles.

Las ayudas se asignarán a las Comunidades Autónomas y entidades locales con arreglo a los criterios objetivos de demanda, de oferta o de población que se determinen por Orden Ministerial, con la misma metodología utilizada en la gestión de las ayudas directas al transporte público terrestre, urbano e interurbano establecidas en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. Así, las condiciones finales de estas ayudas se definirán en una Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Por otro lado, el Real Decreto ley también recoge las particularidades que se aplicarán en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo será gratuito para los viajeros habituales en 2023. En concreto, regula la capacidad de estas Comunidades Autónomas para establecer las condiciones de recurrencia para la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje que estimen necesarias, como las condiciones de venta y utilización, vigencia y caducidad de los títulos de viaje, limitaciones en el número de títulos con descuento, etc.

Impulso al transporte público colectivo

El transporte público colectivo es un modo de transporte esencial, seguro, fiable, cómodo, más económico, evita atascos frente al transporte en vehículo particular, lo que además aprovechar ese tiempo de viaje para otros fines.

Por otro lado, es más justo en términos sociales, más inclusivo y tiene un alto impacto positivo en la economía y la industria. Además, es una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos y de reducción de emisiones de todo tipo y de mejora de la siniestralidad que nos hemos marcado como sociedad.

El transporte público colectivo permite, además, hacer un uso más eficiente del espacio público y reducir la congestión en las ciudades y en las carreteras de todo tipo. La capacidad de un autobús o un autocar estándar permite transportar a los viajeros de más de 30 vehículos privados y el metro o el ferrocarril convencional pueden acoger a cientos de viajeros en un solo convoy.