Los leonesistas instan a las empresas y autónomos perjudicados a que reclamen en responsabilidad administrativa contra la Junta por los perjuicios ocasionados
Fotografía: Martínezld
«La decisión del Tribunal Supremo de admitir las medidas cautelares solicitadas por el Estado de la Nación en relación con el toque de queda, que arbitrariamente habían acordado tanto el Presidente de la Junta, señor Mañueco, como el vicepresidente, señor Igea, y la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha demostrado la arbitrariedad rayana en el delito de prevaricación administrativa, cometido por estos tres personajes que, saltándose la legalidad vigente y saltándose las normas contempladas en el Decreto de Estado del Estado de Alarma, decidieron establecer un cierre a las 20.00 horas, cuando en el resto de comunidades autónomas, cumpliendo precisamente esa legalidad vigente, se sometieron al cierre a las 22.00 horas» ha denunciado la UPL en un comunicado
Desde UPL «consideramos que esta decisión judicial que avala la ilegalidad de la decisión de la Junta de C. y León, debe de suponer la dimisión inmediata tanto del presidente de la Junta, Mañueco, como del vicepresidente, Igea, y la consejera, Casado, que a sabiendas se saltaron la legalidad vigente en perjuicio de todos los leoneses y todos los castellanos».
En la misma línea, señalan desde UPL «instamos a todas las empresas y autónomos que se hayan visto perjudicadas con la decisión arbitraria de la Junta para que reclamen en responsabilidad administrativa contra la Junta por los perjuicios ocasionados, si bien, esas responsabilidades administrativas no pueden ser cargadas para que sean satisfechas por los ciudadanos, vía recursos de la propia Junta, sino que deben de ser satisfechas por estos tres iluminados, personalmente que se saltaron la legalidad vigente.»
Asimismo, sigue diciendo el comunicado «consideramos la decisión del cierre a las 20: 00 de todo comercio no esencial adoptada en el día de hoy, una simple pataleta de niño pequeño, al que la ley no permite hacer lo que le venga en gana, como pretendía y toma su represalias. Suponiendo una irracional venganza tomada por la invalidación del ilícito horario del toque de queda para las dos regiones de esta autonomía. Una actuación insensata, que supone un grave perjuicio, para la economía del ya maltrecho comercio y la sufrida hostelería, que vuelven a ser los perjudicados, por ser el blanco fácil de los irresponsables de un gobierno, que como queda demostrado, toma decisiones absurdas, que no responden a cuestiones sanitarias, sino más bien caprichosas.»
