Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha acuerdan reclamar un régimen especial de ayudas de compensación a las empresas de Soria, Teruel y Cuenca. Los tres presidentes autonómicos, reunidos este pasado viernes en Soria, han firmado una solicitud conjunta para que el Gobierno dirija las oportunas notificaciones a la Comisión Europa encaminadas a modificar el Mapa Español de Ayudas Regionales. La modificación de este Mapa, aplicable al actual periodo de programación y al periodo 2021-2027, permitiría designar a las provincias de Soria, Teruel y Cuenca como zonas con muy baja densidad de población
Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han mantenido este viernes un encuentro en la capital soriana en el que han acordado la firma de una solicitud conjunta de los tres gobiernos autonómicos para la designación de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel como “zonas más desfavorecidas”, debido a su situación demográfica, en el próximo mapa de ayudas regionales, y puedan disfrutar así del régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas.De este modo, el Gobierno de España podrá aplicar deducciones fiscales o en las cuotas de seguridad social a las empresas de estas zonas.
En este documento se solicita al Gobierno de España que dirija la notificación oportuna a la Comisión Europea para que se modifique el Mapa Español de Ayudas Regionales aplicable al actual periodo de programación y al periodo 2021-2027, de tal manera que las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, como zonas NUT3 que tienen una densidad de población inferior a 12,5 hab/Km2, reciban la consideración de zonas con muy baja densidad de población. Y de este modo, permitan aplicarles el régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas aprobado para determinados países nórdicos.
Según han explicado los tres presidentes al término de esta firma, las empresas establecidas en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel cuentan con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km2, por lo que se enfrentan a dificultades específicas que es preciso reconocer mediante la identificación de dichas provincias como zonas más desfavorecidas en términos de desarrollo económico, en virtud del artículo 107, apartado 3, letra a) del TFUE, dentro del mapa de ayudas regionales que el Gobierno español ha de notificar a la Comisión para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021. Este reconocimiento podría también ser aplicable a otras zonas adyacentes y contiguas a estas provincias que también cuentan con menos de 12,5 hab/Km2.
Además, las consecuencias de la pandemia causada por el coronavirus van a ahondar los desequilibrios que padecen estos territorios, haciendo que se reduzca aún más su tejido industrial, lo que alimentará su despoblamiento.
Por todo ello, su situación solo podrá revertirse mediante el establecimiento de regímenes de ayudas con finalidad regional en las condiciones que se aplican en las zonas designadas como de “muy baja densidad de población”. Estas zonas también pueden ser reconocidas como tales por la Comisión Europea mediante una decisión individual relativa a un mapa de ayudas en vigor en el momento de la concesión de la ayuda.
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Los actores: comunidades autónomas y ayuntamientos
El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha puesto en valor acuerdos como el de hoy, con presidentes a pie de calle, vinculados al mundo local antes de ser presidentes, y conscientes de que para afrontar el gran problema de la despoblación no sirven fórmulas mágicas ni gaseosas, sino acciones coordinadas, con peso institucional. Además, se ha mostrado dispuesto a solicitar que otros territorios de las tres comunidades también se beneficien de estas mismas medidas.
En este sentido, ha defendido el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos como actores fundamentales para la revitalización del medio rural, conscientes de que hay sectores estratégicos definitivos para ello, como la agroalimentación, el turismo, el patrimonio natural y patrimonial, además de políticas que son vitales como la reforma de la PAC. A su juicio, y tras haber compartido muchos momentos a través de las videoconferencias de presidentes con motivo del estado de alarma, Lambán ha asegurado que el nivel de acuerdos es muy alto y que ciertos asuntos están por encima de ideologías, hasta el punto que «se ha demostrado que hacer España desde las comunidades autónomas es más fácil que desde la capital del Reino». Su reflexión ha sido igualmente compartida por los otros dos presidentes que han puesto igualmente en valor la importancia de sobrevolar las diferencias políticas en materias sensibles para el conjunto de España.
Para llevar a efectos este tipo de medidas en materia de revitalización del medio rural, como la restauración del ingente patrimonio para el que no hay recursos económicos suficientes en las comunidades autónomas, ha reclamado, una vez más, la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, «porque son las dos caras del mismo problema», ha insistido Lambán.
En cualquier caso, el presidente aragonés se ha remitido al espíritu de 1978 y el texto constitucional como sinónimo de igualdad de derechos y oportunidades para reivindicar la revitalización del medio rural como una gestión de primera magnitud, un imperativo constitucional, cuya vulneración supondría poner en riesgo la misma unidad de España. A su juicio, nada puede justificar la desigualdad social -que ya no defienden ni las teorías más neoliberales- «pero todos debemos aplicarnos para cerrar brechas sociales de toda índole, que es insoportable ética y económicamente e inaceptable desde el punto de vista político». Por ello, ha rechazado «estrategias cada dos años» y ha abogado por «pasar de las musas al teatro, poniéndose a trabajar los que tenemos conciencia exacta de la realidad del medio rural».
Durante su intervención, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que con este acuerdo se pone de manifiesto una vez más que la concordia es posible entre distintos territorios y entre distintas orientaciones políticas.
Asimismo, ha señalado que Castilla y León apuesta por políticas para avanzar y crecer juntos, y para beneficiar a las personas, lo que constituye la verdadera razón de ser del Estado de las Autonomías: servir a las personas.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto en valor este encuentro de trabajo con los presidentes de las comunidades de Aragón y Castilla y León en relación con la España vaciada, para que los compromisos adquiridos “tengan consecuencias en la financiación europea y en la financiación del Estado”. En este sentido, ha recordado que la lucha contra la despoblación es “uno de los ejes de trabajo para la presente legislatura” del Ejecutivo que preside.
Si bien en la anterior legislatura ya se dieron pasos para recuperar servicios públicos en el entorno rural, con la reapertura de centros educativos o consultorios locales, los avances más destacado en este sentido cristalizaron con la puesta en marcha de proyectos ITI (Inversión Territorial Integrada). A través de esta iniciativa –ha recordado García-Page- ya se han movilizado más de 869 millones de euros de fondos estructurales, desarrollados en 102 líneas de actuación, y que han llegado a más de 630 municipios de la región. Además, el Gobierno regional tiene la intención de aprobar en la presente legislatura la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento, ha subrayado el presidente castellano-manchego.
Antecedentes
Los tres presidentes autonómicos han puesto de manifiesto que las Comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León están colaborando y participando activamente en los debates del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, en las distintas Conferencias Sectoriales, en el Grupo Institucional para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico o en el Comité europeo de las Regiones, con el objetivo común de reducir las desigualdades derivadas de los desafíos demográficos y mantener su cohesión económica, social y territorial, a cuyo refuerzo debe encaminarse la acción de la Unión Europea, con arreglo al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
.Según consta en el documento, las tres comunidades autónomas han venido trabajando durante los últimos años y consensuando planteamientos dirigidos a paliar las desigualdades generadas en sus territorios a causa de los altos índices de envejecimiento, despoblación y dispersión, reclamando que la financiación autonómica descanse en el principio constitucional de igualdad entre todos los ciudadanos.
Así, se ha estado avanzado en el trabajo de una propuesta de modelo que atienda a las necesidades de gasto real y tenga en cuenta variables como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento de la población. “Nuestros territorios requieren de mejores recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad que contribuyan a la cohesión y vertebración del territorio español”, recoge el documento firmado esta mañana.
Estas tres comunidades, junto con las de Asturias, La Rioja y Galicia ya suscribieron en Zaragoza un documento en el que se solicitaban líneas específicas en el reparto de fondos europeos para las zonas más afectadas por problemas de despoblación. Y se hacía un llamamiento para que no se pierda la oportunidad que suponen los fondos de cohesión económica y social, y que su reparto tenga en cuenta aspectos como el envejecimiento y la dispersión de la población, incluyendo líneas específicas para las zonas más afectadas por estas problemáticas.
En el documento firmado en aquel momento se plasmó la necesidad de una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordinara los instrumentos y fondos de la UE, cuya dotación económica y sus criterios de cofinanciación no estuvieran basados únicamente en el PIB per cápita, sino que debían tener también en cuenta otros indicadores complementarios como la evolución de la población, la dispersión territorial o el envejecimiento.
Los tres presidentes consideran que el debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo 2021-2027 deberá afrontar desafíos como el reto demográfico, y que resulta fundamental que Europa incluya a España entre las regiones afectadas por el fenómeno de la despoblación.
