Más de 150 instituciones y asociaciones juveniles rechazan contundentemente la decisión del Gobierno de España, basada en datos erróneos, de suprimir el Consejo de la Juventud.
Ricardo Ibarra, presidente del CJE, ha presentado esta mañana en el registro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las más de 150 cartas que se han recabado hasta la fecha en las que diferentes entidades de todo el mundo, entre las que se encuentran la Organización Europea del Movimiento Scout , el Foro de la Juventud de Europa y varios Consejos de la Juventud de diferentes países, que representan a millones de jóvenes, manifiestan su apoyo al CJE tras la publicación el pasado 21 de junio del Informe CORA de reforma de la administración, en el que se recoge la supresión del Consejo de la Juventud.
El Gobierno estaría eliminando así un organismo que durante 30 años ha venido representando a las personas jóvenes, defendiendo la mejora de sus condiciones de vida, apoyando y fortaleciendo el movimiento asociativo juvenil en el territorio español, favoreciendo el intercambio entre dichas entidades y trasladando la voz de la juventud española en diversos espacios de participación del ámbito internacional. Lo más grave es que el informe CORA propone la supresión del CJE basándose en unos datos manifiestamente inexactos que les ha hecho llegar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En primer lugar, la principal razón aducida para la eliminación del CJE es la duplicidad de funciones con el Instituto de la juventud (INJUVE). Esto es claramente erróneo y puede explicarse de forma muy sencilla: el INJUVE representa al Gobierno y el CJE a las personas jóvenes. El INJUVE es un órgano gubernamental encargado de prestar servicios a la juventud cuyo director es nombrado por el Ministerio, mientras que el CJE es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a la juventud asociada, cuya presidencia y Comisión Permanente son elegidas por las entidades miembro democráticamente en reunión de Asamblea.
El segundo argumento de peso por el que justifican la propuesta de supresión del CJE es el ahorro presupuestario, declarando que éste alcanzará los 4,3 millones de euros en 3 años en conceptos de arrendamientos e impuestos. Es necesario poner de manifiesto nuevamente la inexactitud de las cifras aportadas por el Ministerio, ya que el verdadero gasto que suponen esas partidas al CJE es de 660.000 euros al trienio, pago que además se efectúa a otro organismo autónomo de la Administración General del Estado propietario del local.
La última de las imprecisiones contenidas en el informe CORA hace referencia a que el CJE cuenta con 65 empleados tomando para ello los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al que el CJE se encuentra adscrito. Nos encontramos, una vez más, con otra inexactitud, dado que la plantilla fija de este organismo está compuesta por 3 personas funcionarias y 8 laborales.
Por todo lo expuesto, en opinión del CJE y en base a los puntos mencionados, nos encontramos ante un anuncio erróneo basado en argumentos y cifras claramente incorrectas. La consecuencia de este error supone la eliminación del único organismo público que sirve de cauce para la participación juvenil y que durante 30 años ha venido representando a las personas jóvenes y defendiendo la mejora de sus condiciones de vida. El Observatorio Joven de Emancipación, cuyas conclusiones han generado un gran impacto en la opinión pública durante estos últimos días, o la demanda de una Garantía Juvenil en España como medida de choque ante el drama del desempleo juvenil, son solo dos claros ejemplos de los resultados del trabajo diario del Consejo, unas acciones que ningún otro organismo llevaría a cabo si finalmente despareciera.
El CJE ha puesto a disposición de la ciudadanía una web informativa http://www.salvemoselcje.org para dar a conocer la situación del CJE y resolver cualquier duda que pueda surgir.